Quiñones dice que la venta de todoterrenos fue a la puja más alta y sin «asomo de delito»
El consejero reconoce que le «incomoda» la investigación judicial, pero a día de «hoy» se niega a dimitir
La adjudicación fue para «la oferta más alta» de las planteadas por las 193 empresas y 131 pujas que se interesaron por los vehículos enajenados por los servicios territoriales de Medio Ambiente de las nueve delegaciones de la Junta de Castilla y León, logrando de este modo «el precio más ventajoso económicamente para la Administración» y «habiendo asegurado la obtención del máximo precio de mercado». Así se llevó a cabo el procedimiento, según defendió ayer el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante su comparecencia en las Cortes respecto a este «objeto de controversia», y en la que incidió en que todo el proceso se llevó a cabo «conforme a la normativa».
Y «a tenor de la documentación recabada, entendemos que no hay ningún asomo de figura delictiva», subrayó ante las críticas de la oposición por el caso que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid y que llevó a la Benemérita a entrar en la su departamento en busca de documentación. «Estoy más tranquilo de que llegue la Guardia Civil a la Consejería que otro tipo de noticias y tergiversaciones», espetó Quiñones, ante las preguntas sobre todo de PSOE y Podemos en relación a los motivos que llevaron a los agentes a acudir a por esa documentación y al juez a abrir una investigación.
«A ustedes les puede la ansiedad», recriminó el consejero, quien pidió a la oposición «ser prudentes» y «respeto» tanto a la Justicia como a los empleados públicos. Eso sí, reconoció que «me incomoda y me preocupa» y «no me gusta» y «no es agradable» que los agentes acudiesen a su departamento, a la vez que dijo que «es incierto» que se negasen previamente a entregar documentación al juzgado. «La Junta siempre ha colaborado» y «no hubo denegación de información», recalcó.
La Ley de Patrimonio de la Comunidad , subrayó, es el marco que rigió la enajenación entre 2015 y 2019 de esos 659 vehículos de campo «centro de atención», más otros cinco adjudicados de forma directa a tres ayuntamientos y una entidad sin ánimo de lucro. En total, una treintena de expedientes conformando otros tantos lotes, pues, señaló, la norma «permite» hacerlo «por bienes individualizados o por lotes». Se invitó «a un número importante de empresas» a presentar ofertas, además de admitir a otras, y la adjudicación fue «a quien realizó la oferta más alta de las presentadas, sin excepción». «Se vende a quien ofreció el precio más ventajoso económicamente para la Administración», insistió Suárez-Quiñones en una comparecencia prolija en datos sobre esos todoterrenos, cuya enajenación se llevó a cabo, defendió, debido a su «estado de deterioro que los hacía inservibles para los fines concretos de trabajo» a los que estaban adscritos.
«Inviables»
Con una «antigüedad media» de 17,66 años -de los 8 a los 40 años, según detalló-, kilometraje variable -en algunos casos más de 400.000 kilómetros-, con un «historial mecánico» que los hacían «inviables», esos todoterrenos se fueron enajenando «de forma acompasada a las entregas» de los nuevos vehículos que se realizaron entre 2017 y 2018 y por los que se obtuvo casi 700.000 euros en esa venta por lotes.
Los expedientes fueron «íntegramente tramitados en las respectivas provincias», dado que es competencia de las Delegaciones Territoriales , desde que en 2012 se desconcertaron las competencias. «Ni el consejero, por tanto, tiene la competencia para enajenar los vehículos, ni puede ejercerla», recalcó Quiñones, a quien desde PSOE y Podemos recriminaron «echar balones fuera» en este asunto. «Es el responsable político», insistió el socialista Ángel Hernández, mientras que el portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, preguntó al consejero si asumirá «responsabilidad política» si finalmente hay alguna «penal» por parte de su Consejería. «No tenga tanta ansiedad. Esperemos que la Justicia se pronuncie. No anticipemos», respondió Quiñones, quien asumió que «igual» este proceso pueda llevar a hacer cambios en este procedimiento. «Todo es mejorable». Eso sí, dejó claro que «ahora, hoy, no estoy dispuesto a asumir ninguna responsabilidad política. Hoy. Dejen que el tiempo corra», concluyó Quiñones.
«Rédito político»
Desde el PP acusaron a la oposición de «intentar sacar rédito político». «No hay caso por mucho que les duela», defendió el popular Ricardo Gavilanes. Desde Ciudadanos, Blanca Negrete incidió en defender la labor de los funcionarios, a los que tanto los populares como el consejero censuraron que desde PSOE y Podemos se haya puesto en el punto de mira, algo que negaron desde los bloques de la izquierda, que centraron sus intervenciones en preguntar sobre la intervención policial y en requerir datos de matrículas concretas que Quiñones llevaba preparadas.
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