Investigan la compraventa de vehículos forestales de la Junta que debían haber sido achatarrados
Los vehículos fueron vendidos cinco veces por debajo de su valor en el mercado de segunda mano y la cantidad presuntamente defraudada podría ascender a 3 millones de euros
Varios agentes de la Policía Judicial se desplazaron ayer hasta la Consejería de Fomento de la Junta para recabar información sobre una investigación abierta, en principio, por el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid para recabar información sobre una presunta compraventa de vehículos forestales que debían haber sido achatarrados.
La presencia de los agentes sorprendió durante la jornada laboral a los trabajadores del departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones.
A expensas de la información que pueda ofrecerse hoy desde la Consejería o desde instancias judiciales, algunas fuentes señalan que el caso podría tener relación con una presunta venta ilegal de unos 400 todoterrenos del Gobierno regional a empresas y particulares hasta cinco veces por debajo de su precio de mercado. Esos vehículos, q ue debían haber sido achatarrados , siguen circulando y la cantidad defraudada con la operación podría ascender a 3 millones de euros, según recoge la agencia Ical de la información publicada por «El Norte de Castilla» y eldiario.es
La operación dio sus primeros pasos el pasado verano en Ávila, después de que se interpusiera una denuncia ante la Guardia Civil de la provincia, en la que se exponía que la Consejería que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones vendió en los años 2017 y 2018 lotes de cientos de vehículos de renting como chatarra, y adquirió otros nuevos a la misma empresa.
Por norma general, la Administración autonómica puede deshacerse de sus bienes en función del montante económico. En este caso, la enajenación atañe a vehículos muy gastados del parque móvil de los Servicios Territoriales de la Consejería de Fomento y Medio ambiente en las nueve provincias de la Comunidad. Estos bienes suelen sacarse a subasta y se traspasan al mejor postor o, en cada provincia, se realiza su venta para el desguace o bien van destinados a centros de reciclaje de este material.
La investigación trata ahora de determinar si se ha producido un perjuicio económico para la Administración regional y si se han podido producir delitos de fraude. Queda pues por determinar quién o quiénes ordenaron la operación en cada provincia y qué cuantías se han obtenido con esas ventas ilegales.
