Puente ve «oportunidad política» en el varapalo judicial a la moción laicista

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se ha referido este miércoles al fallo judicial que tumba parte de la moción laicista aprobada por el Ayuntamiento para eliminar la simbología religiosa de los edificios públicos y evitar que el consistorio promueva actos religioso señalando que ahora mismo está en manos de la asesoría jurídica «que es la que tiene que indicarnos la propuesta que llegará a junta de gobierno». Ha recordado que cuando se produce una sentencia de este estilo es la asesoría jurídica la que emite un informe «en el que nos aconseja o desaconseja recurrirla», documento que están esperando para tomar una decisión.

«También es una cuestión de oportunidad política», consideró además el primer edil sobre la sentencia relativa a la moción que el pasado septiembre veía luz verde con el apoyo de PSOE y Valladolid toma la palabra (IU) -fue presentada por la marca blanca de Podemos, Sí se Puede- . No obstante, ha insistido en que «si lo que nos dice la asesoría es que la sentencia es recurrible y es conveniente o aconsejable recurrir así lo haremos y si nos dice que no, no lo haremos».

Desde la Asociación de Abogados Cristianos , entidad que llevó a las tribunales la moción laicista por entender que vulneraba «derechos fundamentales», ya consideró el pasado lunes que aunque cabe recurso contra la sentencia, sería «bastante absurdo» -señaló su presidenta, Polonia Castellanos-, ya que es «prácticamente imposible» que saliera adelante porque el fallo es «bastante contundente» y lo que hace es citar jurisprudencia tanto nacional por parte del Constitucional y del Supremo, como supranacional por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El fallo emitido por el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Valladolid declara nulos dos artículos de la citada moción laicista por entender que son contrarios a derechos fundametnales. Son el que proponía la retirada de la simbología religiosa de los edificios públicos, y el que planteaba que el Ayuntamiento no promoviera actos religiosos. «Es gravísimo que un alcalde de un ayuntamiento haya intentado vulnerar dos derechos fundamentales de la Constitución, el 16 que hace referencia a la libertad religiosa, y el 20 respecto a la libertad de expresión», señaló al respecto Castellanos.