PSOE y Podemos, solos en su defensa de la Ley Celaá «que elimina el castellano»

Como el agua y el aceite, incapaces de mezclarse y entenderse, los dos grandes bloques políticos a nivel nacional (PSOE y Podemos, de un lado, y PP y Ciudadanos, con matices, de otro) hicieron ayer eco en el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León, donde reverberaron los ecos de las discrepancias, que jalonaron toda la sesión, incluso en el único punto que salió adelante por unanimidad (el cambio en la ley que regula la Renta Garantizada de Ciudadanía autonómica para hacerla compatible con el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno). Dos iniciativas, una del Grupo Socialista y otra del Popular, con la conocida como Ley Celaá en materia educativa como telón de fondo debatidas por separado y con argumentos dispares ya apuntaban a que el entendimiento no iba a llegar. Y el debate lo corroboró por más que ambos partidos aceptaron las votación por separado de varios puntos en busca de forzar el apoyo de sus rivales a al menos parte de sus postulados. Pero nada más lejos de una realidad que en las votaciones alumbró la soledad de PSOE y Podemos en apoyo del texto legislativo del Ejecutivo central que hoy se somete a votación en el Congreso y que «ha dejado fuera a la sociedad civil», reprochó la popular Carmen Sánchez, para quien es «penoso» defender que el texto final sí ha sido dialogado. Y es que Jesús Guerrero aseguró que la ley sí nace «consensuada». «No pueden mentir más», recriminó el socialista.

Un Alto Tribunal ante el que los populares ya auguran que acabará el texto impulsado por el Gobierno y será derogado. «Esta ley no nace como una victoria del PSOE. Nace como una victoria de Podemos y ERC» y «una derrota de la libertad», aseguró la procuradora popular, quien subrayó la defensa de su partido de la libertad de educación y la posibilidad de que los padres puedan elegir centro. Una opción con la que esta norma quiere «acabar», además de suponer el «cierre» de la educación especializada y «elimina el castellano como lengua vehicular». «Discrimina a los niños castellano parlamentes» y los «priva» de ese derecho, reprochó Carmen Sánchez. «Mienten contumazmente» al afirmar que «elimina el castellano», pues «está protegido» por la Constitución y diversas sentencias del Constitucional, defendió el socialista Jesús Guerrero. «Utilizan la lengua como bandera y la Constitución. Son una máquina de hacer independentistas», espetó el procurador del PSOE, quien también en sus argumentos dijo «no» al punto que pide la prueba de acceso a la universidad «única» para toda España, pues justifico que es «inconstitucional» hacerlo mediante ley orgánica, además de llamar al PP a que en otras comunidades donde gobierna también lo reclame.

«Cada vez es menos la ley Celaá y más la de Bildu y ERC» , reprochó también Marta Sanz (Cs), quien defendió que su partido «no» es contrario al aprendizaje de otros idiomas. «Señorías del Partido Socialista, puede que con la enmienda a la Ley Celaá hayan ganado un presupuesto, pero lo han hecho a costa de uno de los mayores tesoros que tenemos los españoles: el castellano», dijo e instó a que «escuchen a menos rufianes y más a los españoles». Desde el PSOE recriminaron la alusión al acuerdo con Bildu para «enturbiar» la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado que, reconoció Guerrero, su aprobación « va a dar la legislatura completa» al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

«La realidad plurilingüística es una auténtica riqueza», defendió Pablo Fernández (Podemos), quien incidió en su apuesta por la defensa de la educación pública. «Rotundo» apoyo de Vox a que se retire la tramitación de la Ley de Educación y abstención de UPL al considerarla la iniciativa presentada por el PP «tacticismo político».

Un debate que llegó tras otro en materia educativa que, sin citarla expresamente, también tenía parte del texto legislativo como telón de fondo. Y es que la iniciativa defendida por el PSOE no sólo llamaba a la Junta a adoptar las medidas en esta materia contempladas en el Pacto de Recuperación por el impacto del Covid-19 acordado en junio. También pedía «dejar de sostener con fondos públicos» en el curso 2021-2022 los centros educativos concertados de la Comunidad que segregan por sexos. De «manipulación escandalosa» por parte «de la derecha» tachó el socialista Fernando Pablos que se diga que la Ley Celaá quiere acabar con la concertada y elimina la educación especial. Pero su propuesta no salió adelante. Chocó con los votos en contra de PP, Cs y Vox, que consideraron «sectaria» la propuesta socialista.