Tribunales

El PSOE de Valladolid decide abonar sus deudas tras la demanda publicada por ABC

Llegó ayer a un acuerdo con la comunidad de vecinos para hacer frente en varios los plazos los 6.000 euros que debe

Cartel del PSOE en el edificio donde se ubica la sede de los socialistas vallisoletanos F. HERAS

J. M. AYALA

Aunque el propio secretario provincial de los socialistas de Valladolid, Javier Izquierdo, admitía por la mañana que «no había dinero» en la caja del PSOE para pagar de inmediato la deuda de cerca de 6.000 euros con la comunidad de vecinos por tres trimestres impagados, finalmente pudieron llegar a un acuerdo con los propietarios y el administrador de fincas y paralizar de momento la demanda presentada en el registro judicial adelantaba ayer ABC.

Fue una mañana intensa en las filas socialistas. La noticia publicada por este periódico les cogió a contrapelo y les obligó a reaccionar, aunque tardaron. Antes de que se fraguara el compromiso de abonar las cuotas pendientes -1.800 euros ahora y el resto, incluido las costas de los abogados, en doce meses-, los responsables socialistas optaron por el silencio o por quitar hierro a un proceso que podría haber acabado con el embargo de sus bienes. Las conversaciones telefónicas entre unos y otros se sucedieron para decidir a la postre que lo mejor para sus intereses, una vez visto el revuelo mediático por la noticia, era tratar de alcanzar un acuerdo que fue sellado a primera hora de la tarde de ayer con la amenaza de que si se incumplen alguno de los abonos acordados tendrán que vérselas de nuevo con la Justicia.

Más molestos con la información publicada que con el impago acumulado que les convierte en morosos, primero fue Izquierdo el que trasladó que no había «nada que decir» sobre este asunto y que abonarían las cantidades cuando dispongan de fondos para hacerlo. Pocos minutos después, era el secretario autonómico del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, el que aseguraba desconocer este asunto y rechazaba dar una opinión sobre el mismo. Sin embargo, acto seguido y sin preguntar sobre la situación a sus compañeros de partido en Valladolid, no dudó en atacar directamente a este periódico al mostrar su malestar y sorpresa por ver en un medio de comunicación dedicar «más espacio» a la deuda en una comunidad de vecinos -nueve meses pendientes de pago-, «como pasa en tantísimas comunidades de vecinos en este país», y «no dar al menos el mismo espacio a los gravísimos casos de corrupción de Castilla y León» para terminar su intervención señalando que «el fútbol es así».

También molesto, pero en este caso con la comunidad de vecinos y con los administradores de fincas, el gerente del PSOE de Valladolid, Pedro Pablo Santamaría, defendió que había un acuerdo «previo» con unas tablas de amortización de la deuda que, sin embargo, negaron desde la comunidad de propietarios «porque el PSOE de Valladolid nunca quiso firmarlo». Sin detallar el pacto al que estaban a punto de llegar, auguraba que «tendrán que retirar la reclamación» y defendía que la deuda generada es una «situación normal» para el PSOE de Valladolid porque sus ingresos -vía subvención de Ferraz y cuotas de los afiliados- varían según el momento del año «y hay cosas que habitualmente dejamos aplazadas porque tampoco tenemos una caja B como otros». En esta línea, sostuvo que «otras veces también hemos dejado de pagar unos meses la comunidad y no ha pasado nada porque al final siempre cumplimos». Respecto a las cartas certificadas recibidas en la sede avisando de los impagos, Santamaría también aseguró que «llegan siempre», pero que «nosotros funcionamos así y nadie nos puede acusar de que no saldemos nuestras deudas, sea antes o después». Por este motivo, dijo sentirse «molesto» ante la demanda presentada «cuando ellos sabían que íbamos a abonarla».

La situación irregular del PSOE de Valladolid ya se llevó a la asamblea general de la comunidad de propietarios del edificio Intercima, en la calle Santa Lucia, en enero. Sus más 700 miembros conocieron que los socialistas debían más de 3.500 euros por una cuota que incluye los seguros y la vigilancia, entre otros aspectos, y que se incrementó hasta los cerca de 6.000 después de varias advertencias sin respuesta y otra cuota impagada. La junta directiva de la comunidad decidía en abril presentar una demanda ahora paralizada tras su publicación por ABC.

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