El PSOE amenaza con una comisión de residencias y Blanco rechaza prevaricar

Las residencias privadas y los datos detallados de la incidencia del Covid-19 en estos centros. Ahí puso especialmente el foco la oposición de PSOE y Podemos para las críticas al informe sobre el impacto del coronavirus en los geriátricos elaborado por la Junta y presentado este viernes en las Cortes por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. «No voy a prevaricar» , ha respondido tajante Blanco, quien ha negado en varias ocasiones que se vaya a «saltar» los informes jurídicos y de protección de datos de diversas organismos que señalan que sólo se pueden ofrecer si lo autorizan los titulares de los centros. «¿Me están pidiendo que prevarique?», ha inquirido la consejera, quien ha insistido en que si «alguna instancia superior» a las consultadas le indica que los puede facilitar públicamente «se los damos automáticamente».

Pero los argumentos no han convencido a la oposición. El PSOE ha amenazado con pedir la creación de una comisión de investigación al respecto si antes del próximo viernes, 19 de octubre, no tienen los datos diferenciados de geriátricos públicos y privados y las actuaciones detalladas de los equipos Covid-residencias. «Vamos a llegar hasta el final y ahí será donde tenga que rendir cuentas», ha advertido la socialista Nuria Rubio, quien se ha preguntado «a quién están protegiendo» y ha asegurado que la morbilidad en las privadas ha sido «más grande» que en las públicas.

«Pese a sus amenazas y bravatas no voy a saltarme los informes jurídicos», ha reiterado Blanco, quien ha apuntado que los organismos que tienen que tener esos datos, como la Fiscalía o Sanidad, ya disponen de ellos y las familias los pueden solicitar y los centros tienen obligación de facilitárselos. En una comparecencia en la que ha repasado la incidencia del Covid-19 en los 700 geriátricos ha insistido en que la afección del coronavirus ha sido «similar» independientemente de la titularidad y sí influyó el tamaño de los mismos, su ubicación en zonas más castigadas por el virus y el grado de dependencia de los ancianos . Ha vuelto a reconocer, debían haberse «cerrado antes», pues cuando lo hicieron el 13 de marzo el «virus ya estaba dentro». Eso sí, entonces por parte de «todos» había un gran desconocimiento de la enfermedad. «Se ha trabajado muy duro, se han puesto en marcha medidas, que están funcionando, aunque seguramente hay que poner más», ha reconocido la consejera, quien ha recordado que la vulnerabilidad de quienes están en las residencias de ancianos fue un condicionante clave para la letalidad.

Desde la oposición, han reprochado la «falta de autocrítica» en el informe, extremo que ha rechazado la consejera, quien ha aludido a la «corresponsabilidad» de su departamento y el Gobierno . El documento «es un ejercicio absoluto de demagogia y desfachatez» y un «insulto a la lógica formal», ha espetado Laura Domínguez, de Podemos. «No aporta ningún tipo de luz ni claridad», censuró también la procuradora del PSOE, para quien el informe «pone en evidencia el abandono» que sufrían ya estos centros «antes de la pandemia».

PP y Ciudadanos han valorarado que se haya elaborado el informe y que Castilla y León, junto con Navarra, sea la única que ha profundizado en el impacto del Covid-19 en las residencias .