El Procurador del Común brinda a la oposición la crítica sobre residencias

Quintana ve la relación entre la «limitación» de hospitalizaciones y la mortalidad

El Procurador del Común, Tomás Quintana López, conversa con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades minutos antes del Pleno HERAS

I. Jimeno

En el año de la pandemia, el Covid-19 también marcó y elevó las quejas de los ciudadanos contra las administraciones públicas elevadas al Procurador del Común , con los servicios que más tocan (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) como las áreas que más reclamaciones concentraron entre las 6.248 recibidas y 94 iniciadas de oficio. Así lo destacó ayer el homólogo al Defensor del Pueblo en la Comunidad, Tomás Quintana López, al presentar ante el Pleno de las Cortes su informe, «marcado por la crisis sanitaria» .

Capítulo especial el dedicado a las residencias de mayores, en cuyas censuras al sistema sustentó la oposición parlamentaria la crítica a la Junta y a los dos partidos que sostienen al Gobierno autonómico, PP y Cs. «Según nuestra percepción de los hechos, en los primeros momentos la Administración tuvo que responder a la situación de colapso sanitario sufrido por el sistema en su conjunto, por lo que se llegaron a limitar las derivaciones de pacientes desde centros residenciales a los hospitales», apuntó Quintana.

Y señaló que «posiblemente» esto y que las residencias asumieran «al menos inicialmente» tareas «para las que seguramente no estaban preparadas» contribuya a explicar «la morbilidad, mortalidad y letalidad» en los primeros meses de la pandemia.

Reproches

Unas acusaciones que sirvieron para alimentar las críticas de la oposición, que vio en el informe del Procurador del Común -a quien al acabar la sesión el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, acompañado por las consejeras de Familia, Isabel Blanco, y Sanidad, Verónica Casado, le hizo algún reproche- el sostén a sus recriminaciones a la Junta. Y, como afirmó el leonesista Luis Mariano Santos (UPL), la justificación para la creación de la comisión de investigación en las Cortes sobre los geriátricos y así «depurar responsabilidades políticas», ver «qué se ha hecho mal» y evitarlo. «Lo que pasó, no puede volver a pasar. Nunca», clamó también el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, quien exigió «hacer un análisis crítico» de aquello que «falló» para corregirlo.

El también secretario autonómico del PSOE tomó como cierto que se «limitaran» las derivaciones de mayores a hospitales, que desde la Junta siempre han negado, para incidir en la «necesidad» de transformar el sistema. Un análisis del Procurador del Común sobre las residencias que también hizo suyo Podemos, «lo llevamos meses diciendo», advirtió Pablo Fernández. «Cuando más necesitábamos que la administración autonómica funcionase, cuando más nos jugábamos, más se le han visto sus costuras», reprochó Tudanca en la crítica global a la actuación de la Junta durante la pandemia.

No se puede hacer al Gobierno autonómico «responsable de todo», defendió el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, quien, como su homólogo de Ciudadanos, David Castaño, reconoció que el sistema había vivido «tensiones» por la pandemia, pero «no» llegó a colapsar. Y recriminó el discurso «radical» de la oposición tratando de «obtener ventaja política» de las quejas al Procurador del Común. «No se han escatimado esfuerzos, ni organizativos ni presupuestarios. Lo importante era salva vidas y el impacto de la pandemia», señaló Castaño.

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