Ponferrada exige a Folgueral y su equipo devolver todo lo cobrado

El Ayuntamiento de Ponferrada (León) decidió ayer pedir formalmente la devolución de los sueldos cobrados por el ex alcalde, Samuel Folgueral, y cinco miembros del gobierno que dirigió la capital del Bierzo entre 2013 y 2015, tras aquella polémica moción de censura que arrebató la gestión del municipio al PP. El acuerdo, aprobado por el pleno de la corporación ponferradina, supone el cumplimiento de una sentencia judicial del año 2014 que había anulado la sesión celebrada el Sábado Santo de 2013, en la que fueron aprobadas las remuneraciones del anterior gobierno bipartito formado tras la moción de censura.

La resolución obliga a reponer 397.000 euros a las arcas locales por parte del ex alcalde, Samuel Folgueral (92.000 euros), y sus compañeros, hoy concejales de USE -el partido que formaron para comparecer en las posteriores elecciones locales-, Fernando Álvarez (79.000 euros), Santiago Macías (73.000 euros) y Cristina López (40.000 euros), además de los ex concejales del partido de Ismael Álvarez y que dejaron la política, Emilio Cubelos, que fue primer teniente de alcalde (40.000 euros) y el ex atleta Sergio Gallardo, que fue concejal de Deportes (73.000 euros). El Ayuntamiento de Ponferrada tiene también derecho a recuperar casi 150.000 euros por cuotas pagadas a la Seguridad Social y 105.000 euros por retenciones practicadas por la Agencia Tributaria.

La decisión judicial tiene su origen en un recurso de los concejales del PP que perdieron el gobierno después de la moción de censura. Samuel Folgueral convocó un pleno para determinar los salarios para cargos políticos, y que se celebró el Sábado Santo de 2013, con una convocatoria veloz -en la que incluso se entregaban notificaciones a los concejales en las procesiones- dos días antes de que entrara en el Ayuntamiento de Ponferrada un aviso del PSOE local que dio de baja a quienes hasta entonces habían sido sus representantes. Estos abandonaron el partido tras la moción de censura, por exigencia de la dirección federal. Esa circunstancia y la aplicación de la llamada Ley contra el Transfuguismo, habría impedido aprobar esos sueldos a los representantes que dejaron el PSOE.

Ayer, después de varios meses de dudas de la actual alcaldesa, Gloria Fernández Merayo (PP), que gobierna en minoría y a quien el fallo judicial obliga, personalmente, a cumplir esa sentencia, sometió la decisión a la opinión del pleno. Los dos concejales de Coalición por el Bierzo y las dos concejalas del grupo Ciudadanos abandonaron la sesión antes de entrar a debatir la cuestión. Advirtieron que no votarían una decisión que era, exclusivamente, una competencia de la alcaldesa. Luego, PP, PSOE y Ponferrada en Común, marca local de IU, votaron a favor de cumplir la sentencia. Los representantes de USE, ahora afectados, votaron en contra, a pesar de la advertencia previa de que podrían incurrir en causa de abstención. A pesar de ello, manifestaron su oposición, tras indicar que la obligación de devolver ese dinero supone que no se reconoce la labor desarrollada en el Ayuntamiento y que la administración se podría beneficiar de un enriquecimiento injusto. En ese sentido, tanto el PP como el PSOE aclararon que, a partir de ahora, podrían abrir otro procedimiento para reclamar las cantidades a las que crean tener derecho.

Después del pleno, Samuel Folgueral declaró sentirse «agraviado» y anunció que espera que, pronto, se determine la fórmula para retribuir el trabajo desempeñado durante su tiempo de gobierno. Y, en ese sentido, vaticinó que la indemnización a la que tendrán derecho «mermará aún más los recursos» del Ayuntamiento. Además, Folgueral defendió que el pleno anulado por los tribunales se convocó con todas las garantías legales y asistidos por los técnicos municipales.