La Policía entra en el cementerio de El Salvador en el marco de la operación contra la estafa de los ataúdes

A primera hora de la mañana, sobre las 08.00 horas, efectivos del Grupo I de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional de Valladolid han entrado en el Cementerio Jardín-Parque El Salvador, en Santovenia de Pisuerga, para practicar una prueba fotográfica en las instalaciones, dentro de la investigación judicial iniciada a partir de la «Operación Ignis».

La prueba, tal y como informaron a Ep fuentes jurídicas, fue solicitada en septiembre de 2019 por la Fiscalía de Valladolid y ha sido realizada sin que fuera necesario librar mandamiento judicial alguno, ya que la empresa investigada ha autorizado la práctica de la misma tras recibir el pasado día 6 de marzo una providencia de la titular del Juzgado de Instrucción 6, Teresa Javato, solicitando su colaboración.

La única condición puesta por Grupo Funerario El Salvador era que la prueba, consistente en la realización de un reportaje fotográfico de las instalaciones sitas en Santovenia y el cotejo de su distribución especial, se efectuase a primera hora «con la máxima discreción y menor injerencia posible en las actividades de la empresa», como así ha ocurrido.

La prueba practicada por miembros de la UDEV, expertos en fotografía y planimetría, se ha extendido al edificio en el que se encuentran la recepción-oficina, horno y demás estancias, a fin de que el nuevo material pueda ser cotejado con el que ya obraba en poder del Grupo I.

El letrado Guillermo Ruiz Blay y representante de los intereses de la familia Morchón, propietaria del grupo funerario, ha lamentado, en declaraciones a Ep, que la referida prueba «llega ya tarde» tras advertir de que «durante más de un año se ha estado interrogando a la gente sobre qué pasaba y dónde pasaba, sin tener el juzgado una referencia física del escenario de los hechos».

El Juzgado de Instrucción 6 investiga desde finales de enero de 2019, entre otras presuntas irregularidades, la supuesta sustitución de féretros por otros de mucho menor precio antes del proceso de incineración por parte de un total de veinticinco personas, entre miembros de la familia Morchón, propietaria del negocio funerario, y empleados del grupo. El periodo analizado comprende entre 1995 y 2015 y habría cerca de 6.000 afectados.