Las funerarias impulsan un código ético para recuperar el prestigio tras el caso del «cambiazo» de ataúdes

Un grupo de empresarios de Valladolid han creado una asociación por la «preocupación» por la imagen del sector «ante noticias surgidas en los últimos meses que desprestigiaban al sector y que poco tenían que ver con la realidad de las empresas asociadas»

Registros de la Policía en el Tanatorio El Salvador de Valladolid el pasado mes de enero EFE

ABC

Las empresas funerarias de Valladolid acaban de constituir la Asociación Vallisoletana de Empresas de Servicios Funerarios (AVASEF) con la intención de impulsar un código de buenas prácticas que permita prestigiar la profesión a través de la «transparencia» y la «ética».

Este paso de los empresarios llega meses después de que una investigación judicial haya abordado la presunta estafa del Grupo Funerario El Salvador, ante los indicios que apuntan a que se habríancambiado ataúdes por otros de menor valoren los procesos de incineración, lo que supuso la investigación de 25 personas entre empleados y directivos, tres de los cuales ingresaron en prisión pero ya están en libertad tras pagar fianzas a la espera de la instrucción judicial.

La nueva asociación se ha integrado en la Asociación Vallisoletana de Empresarios y tiene como presidente a Florencio Vázquez y como vicepresidente a Santos González.

En un comunicado, la AVASEF ha valorado el «importante esfuerzo» de profesionalización que han realizado las empresas funerarias en España para adaptarse a la normativa de protección de la salud pública y también en materia de inversión para mejorar sus instalaciones, infraestructuras y transparencia.

«AVASEF nace ante la preocupación de un grupo de empresarios por la imagen del sector ante noticias surgidas en los últimos meses, que desprestigiaban al sector, y que poco tenían que ver con la realidad de las empresas asociadas, que cuidan a sus clientes, garantizan un servicio de calidad y cumplen con la legalidad vigente», han resumido en su comunicado.

Se han dirigido a las administraciones públicas para demandar la creación de un «Código de Buenas Prácticas» que sea de obligado cumplimiento por todos los operadores del sector funerario. Del mismo modo, han considerado «necesario revisar y establecer protocolos de actuación ante fallecimientos en los hospitales públicos de Valladolid».

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