Pasan a disposición judicial los 15 detenidos por el fraude de los tanatorios en Valladolid
La investigación apunta a que «miles de personas» podrían estar afectadas por los cambiazos de ataúdes durante al menos 20 años
Los 15 detenidos por un presunto delito de estafa y organización criminal al sustituir ataúdes de alta calidad por otros mucho más baratos en el momento del proceso de cremación han pasado en la mañana de este sábado a disposición del Juzgado de Instrucción número 6, según ha informado la Delegación del Gobierno a Europa Press.
Las pesquisas que han conducido a la detención de trece varones y dos mujeres, entre propietarios y trabajadores del Grupo El Salvador , tienen su origen en el proceso penal iniciado en 2017 entre la funeraria y un empleado que una vez jubilado extorsionó a la mercantil para ver mejorada su pensión como requisito para no desvelar estas prácticas irregulares.
«¡ Son miles de personas las afectadas a lo largo de dos décadas !», advirtió el viernes la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, durante su comparecencia para facilitar detalles de la 'Operación Ignis'.
El proceso, en el que la empresa se personó como acusación particular y derivó en la condena del exempleado, se ha vuelto ahora como un boomerang en contra del Grupo El Salvador, a raíz de las indagaciones que la Policía comenzó a realizar sobre un pendrive del condenado que recogía numerosa prueba documental y gráfica.
Los hechos se circunscriben a Valladolid capital y Santovenia de Pisuerga , donde la empresa cuenta con instalaciones, en ambos casos dotadas de crematorio , de ahí los siete registros efectuados en ellas y en domicilios de los presuntos implicados, en uno de ellos, el del máximo responsable, donde la policía se incautó de 961.785 euros en metálico . También numerosa documentación que llevará mucho tiempo analizar en un proceso que será «muy prolijo», en referencia a que se cuenta ya con pruebas documentales de entre «6 y 8 metros cúbicos» en papel y formato digital.
Las pesquisas iniciales se acotan a dos décadas, entre los años 1995 y 2015 , aunque no se descarta que los hechos delictivos investigados pudieran ampliarse a otros periodos y, sobre todo, conduzcan a la detención de más personas por delito continuado de estafa, pertenencia a grupo criminal e incluso alguno más que pudiera determinar la autoridad judicial.
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