El fraude del tanatorio investigado en Valladolid sobre el intercambio de ataúdes se extendería a 20 años
Durante los registros de la Operación Ignis se habrían incautado de casi un millón de euros en metálico, ha señalado el jefe superior de la Policía en Castilla y León
La Policía Nacional ha confirmado este martes que el periodo de tiempo que se ha investigado en relación al intercambio de ataúdes por otros más baratos en los tanatorios de El Salvador está «comprendido entre 1995 y 2015», con lo que habrían realizado estas prácticas durante 20 años. Ahora, según vayan revisando la documentación de la que se han incautado, «podría aparecer información de otros periodos».
Así lo aseguraron ayer la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y el jefe superior de Policía de la Comunidad, Jorge Zurita, que aclararon que han sido 14 los detenidos en la operación, 12 hombres y dos mujeres, de los que una tercera parte son directivos y el resto trabajadores del grupo El Salvador. En este sentido, Zurita explicó que los arrestados no tenían antecedentes, están acusados de estafa y organización criminal y tratarán de que pasen a disposición judicial «lo antes posible». Asimismo, aclararon que no descartan realizar más detenciones según pase la investigación.
En relación a las actuaciones policiales de este pasado jueves, Zurita aseveró que en los siete registros que se realizaron en el día de ayer -a los dos centros crematorios que tienen en la provincia y cinco domicilios de los detenidos- se incautaron de casi un millón de euros en metálico, exactamente un total de 981.785 euros. Además, la Policía Nacional requisó 8 ordenadores, un servidor y «entre 6 y 8 metros cúbicos» de documentación y libros de registro.
El jefe superior de Policía también explicó que, desde que el caso saltó a los medios de comunicación, ha habido gente interesada en poner denuncias, algo que «tendremos que canalizar» para ver «como se puede solucionar». En este sentido pidió a la sociedad vallisoletana «que no se aglomeren en las comisarías, ya que según avance el caso iremos llamando a los afectados». También confirmaron que, por el momento, las sedes de El Salvador no se clausurarán.
Origen
El origen de esta operación, como ya adelantó este pasado jueves ABC, surge de un desencuentro laboral que acabó en denuncia por parte de la empresa hacia un trabajador «puso en alerta» a la Policía sobre «posibles prácticas irregulares» en los dos centros crematorios que El Salvador tiene en un tanatorio de Valladolid y en el cementerio Ciudad Jardín de la localidad de Santovenia de Pisuerga. Así, este pasado jueves, la llamada Operación Ignis comenzó «su fase de explotación, en el que participaron un total de 76 funcionarios de la Policía.
Este procedimiento, según Barcones, comenzó en 2017 y ha llevado «muchos meses de arduo trabajo» con los que se ha conseguido «desenmascarar a los presuntos autores de una estafa que toca la fibra sensible» de los ciudadanos, que se producía en momentos «en que las personas son vulnerables cuando pierden a un ser querido y se despiden de él».
Según Barcones, el Modus Operandi muestra «una estafa continuada», básicamente del cambio antes de la incineración «de un féretro de calidad, y por tanto de un alto valor económico» por otro «de menor calidad y más barato» con el fin de poder «revender el más caro». Idéntica actuación hacían con las coronas mortuorias y los centros de flores «que tampoco se incineraban con los fallecidos», sino que se retiraban y se devolvían al tanatorio «para su posterior reventa».
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