Acuerdo PSOE-Ciudadanos
Más de 7.000 empleados de las diputaciones que trabajan por los pueblos, en el aire
Regulado en la Constitución y ley, las instituciones provinciales tienen encomendada la labor de lograr la prestación igualitaria de servicios
Acabar con las diputaciones provinciales, tal y como pretenden PSOE y Ciudadanos gracias al acuerdo firmado con el que quieren llegar al Gobierno de la Nación, no es tan fácil como borrar su nombre del mapa. Hacer desaparecer a estas instituciones centenarias que existen desde 1836 y están recogidas en la Constitución Española -el artículo 141.2 señala que «el Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo- no sólo significa llevarse consigo los 227 diputados provinciales que suman las nueve provincias de Castilla y León (25 por cada una, menos Valladolid, que tiene 27 por su mayor población) cuyos cargos pretenden liquidar. La operación va más allá. La maquinaria que hace mover a las diputaciones en las que cada día suena el teléfono de muchos alcaldes y concejales solicitando ayuda -en la vallisoletana, por ejemplo, más de 10.000 consultas el pasado año- es posible gracias también a sus trabajadores, cuyo puesto ahora está en el aire.
En la Comunidad, el porvenir de unos 7.000 empleados con nómina de las diputaciones puede tener fecha de caducidad si lo pactado por Pedro Sánchez y Albert Rivera se lleva a efecto. En el conjunto de España, son algo más de 62.000 los trabajadores de las diputaciones y cabildos insulares, según el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, en el que representan el 2,44% de los más de 2,5 millones de trabajadores con nómina del erario. En Castilla y León, en total casi llegan a los 170.000.
El sindicato CSIF ya ha dado la voz de alarma y pide que cualquier decisión en este sentido no sea unilateral, sino que se negocie, pues «no puede perjudicar ni a los trabajadores» de unas plantillas ya «mermadas» por la crisis «ni, por supuesto, a la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos». Su presidente autonómico, Carlos Hernando, es contundente. Afirma que más allá de las «muchas» consecuencias laborales, sociales, territoriales o políticas, en el caso de alguna provincia de Castilla y León la supresión de las diputaciones «podría poner en peligro su sostenibilidad y supervivencia territorial». Su futuro, incide, «requiere de una reflexión y un análisis muy serio y no puede responder a un calentamiento político coyuntural.
Y es que esos empleados trabajan por llevar servicios a los pueblos . La Ley Reguladora de Bases de Régimen Local de 1985 fija sus competencias mínimas y las encomienda (artículo 36), por ejemplo, la «coordinación» de los servicios municipales «entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada» en «la totalidad del territorio provincial»; la «asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión»; la prestación de servicios públicos de carácter «supramunicipal» y, en general, «el fomento y la administración de los intereses de la provincia».
Ya la ley fija que dirijan especialmente su mirada a los más pequeños, que así logran acceder a talleres, clases de cultura y deporte o servicios sociales, además de tener un servicio de asesoramiento o cobro de recibos que de forma individual su presupuesto no soportaría. Y en Castilla y León son mayoría los pequeños. Tan sólo quince de los 2.248 municipios (casi una cuarta parte de los de toda España) superan los 20.000 habitantes, incluyendo las nueve capitales de provincia. El 75% no llega a la frontera de los 500 vecinos y hay más de 6.000 núcleos de población.
Más de 739 millones, en presupuestos
De cara a este 2016, los presupuestos -en su mayoría ya aprobados- por las nueve diputaciones provinciales de Castilla y León suman conjuntamente algo más de 729 millones de euros, muy lejos de los 9.843,63 millones de la Junta. La que más mueve, una que abarca un territorio tan grande y diverso como la de León, con 132,9 millones de euros. Le sigue otra también amplia, Burgos, con 111,2 millones de euros consignados, incluyendo las empresas o organismos públicos que dependen de ellas. El de Valladolid asciende a 104 millones de euros. En el polo opuesto, Soria, con 48,1 millones, en la que tiene una cuentas más pequeñas; precedida por Ávila (53,3), Segovia (55); Zamora (62) y Palencia (66). A 66 asciende el de la institución provincial salmantina.
Todos los partidos
Al cierre de 2014 (últimos datos publicados por el Ministerio de Economía) las nueve diputaciones sumaban una deuda viva de algo más de 294,77 millones de euros, lográndola rebajar casi un 16% respecto a un año antes (55,50 millones menos en el debe a bancos) y un 21,3% inferior a los 374,57 millones de euros que tenían en créditos cuando la crisis comenzó a dar los primeros latigazos (-79,80 millones).
Desde el punto de vista político, aunque ahora el PSOE abogue por la supresión de las diputaciones, tiene presencia en ellas e incluso mando en plaza desde que tras las elecciones municipales del pasado mes de mayo lograse hacerse con la de Soria, aunque en minoría y gracias precisamente al respaldo de Ciudadanos. Los socialistas suman 78 diputados provinciales, algo más de un tercio del total. Son mayoría los populares, que gobiernan las otras ocho y tienen 119 diputados provinciales (52,4%). En todas lo hacen por mayoría absoluta, salvo en Valladolid, donde la posición también de C’s les permitió seguir en el Gobierno.
Y es que la formación de Albert Rivera también tiene escaños en estas instituciones. Está en las nueve y, con doce puestos, se sitúa como la tercera fuerza, por delante de IU (6). Las marcas de Podemos suman 2 y otros partidos se reparten los ocho restantes.
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