Mañueco defiende la igualdad territorial «por encima de ideologías»

No es habitual ver a ocho dirigentes políticos de tres formaciones diferentes (cinco del PSOE, dos del PP y uno regionalista) firmar una declaración institucional con 35 puntos. Sin embargo, en la España de las autonomías todo es posible y si ya en dos ocasiones anteriores estos mismos protagonistas avanzaron en acuerdos similares, ayer dieron un paso más que se plasmó con la declaración institucional del ‘Foro Santiago, Camino del Camino’ . Castilla y León, Galicia, Cantabria, Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura dieron forma al consenso alcanzado en torno a los problemas comunes de la España vaciada: la despoblación y una asignación de recursos inadecuada para los territorios dispersos y con pocos habitantes.

«Necesitamos una financiación suficiente y justa que garantice la igualdad y cohesión territorial por encima de ideologías», clamó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tras plasmar su firma en el documento con la que se quiso reflejar la «voluntad de servicio a las personas vivan donde vivan». Con ese objetivo se plantea «el desafío demográfico como prioridad» y la «justicia social para garantizar la prestación de los servicios en todos los territorios».

Y para ello es necesario un nuevo modelo de financiación autonómico «con el que nos jugamos mucho», advirtió el presidente castellano y leonés, ya que «el coste de los servicios no es igual en todos los territorios». «Hay que tener en cuenta otros elementos», afirmó y, así, detalló cómo en Castilla y León se ubica tan solo el 5 por ciento de la población pero, dada su extensión, dispersión y otras características , la Comunidad aglutina y ha de sostener el 38% de los consultorios rurales que hay en España , el 17% de los kilómetros de carreteras autonómicas o el 18% de la superficie forestal y de la Red Natura «Son tres elementos que necesitan el esfuerzo de toda España», insistió, porque «todas las personas deben recibir los mismos servicios vivan donde vivan».

El acuerdo recoge en su punto seis una de las reivindicaciones más repetidas en la Comunidad y que hace referencia a que las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, las únicas de España con una población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, cuenten a nivel europeo con el mismo trato de zonas «escasamente pobladas» que en la actualidad son aquellas que tienen ocho habitantes. Del mismo modo, se pide que el Gobierno demande a las instituciones europeas que se tengan en cuenta otros aspectos como el sobreenvejecimiento, la dispersión poblacional y la baja natalidad para tener acceso a medidas de apoyo específicas.

Los problemas de la sanidad pública también se incluyen en la declaración, de forma que se reclama al Gobierno un pacto nacional para promover la oferta necesaria de profesionales sanitarios en las especialidades deficitarias, como la Medicina de Familia o la Pediatría, un problema que sufren especialmente las zonas más despobladas.

Junto a la declaración institucional se firmó una addenda de la que, sin embargo, se descolgaron los presidentes socialistas de Extremadura y La Rioja. En ella se muestra «el apoyo a la ganadería extensiva, fundamental en las economías rurales» y se recoge el apoyo expreso a las comunidades que albergan la práctica totalidad de lobos en España en sus planteamientos para lograr un modelo de coexistencia basado en las medidas contempladas en los planes de gestión de esas comunidades». Por último, se reclama al Ejecutivo central que «recupere los espacios de consenso y diálogo sobre la gestión y conservación del lobo».