La ordenación del territorio permitirá mancomunidades más sencillas «para que partan desde los pueblos»
La reforma de la Ley de Ordenación Territorial entraría en vigor en 2020
La reforma de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León , norma que vio la luz en la pasada legislatura no sin pocos desvelos para el PP, ya tiene forma real con la publicación del primer anteproyecto en el portal de Gobierno Abierto de la Junta. Un texto legislativo con el que se pretende avanzar en la ordenación del territorio en el medio rural, un objetivo que quedó bloqueado en las Cortes Autonómicas, por el rechazo del PSOE, al no contar con la mayoría cualificada (dos tercios de la cámara) necesaria para aprobar los llamados mapas rurales que definirían la distribución de los servicios públicos.
Sin embargo, el nuevo documento no sólo elimina este requisito sino que modifica el proceso en aras de impulsar que las pequeñas localidades se puedan constituir en mancomunidades. Es más, lo podrán hacer sin que estén definidos los citados mapas de área funcionales que, incluso, podrán ir aprobándose provincia a provincia sin necesidad de que se dé el visto bueno al diseño de toda la Comunidad.
Uno de los cambios que incluye la reforma, aunque sea más una cuestión semántica que de contenido, es que desaparecen las llamadas «Ubost» (unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio), para lograr una mayor simplificación. De esta forma, sólo habrá áreas funcionales, que son los espacios delimitados geográficamente, que podrán ser rurales o urbanas, y que serán la referencia espacial para la ordenación territorial.
«De abajo a arriba»
Según señaló el director general de Ordenación del Territorio y Planificación, Antonio Calonge , el nuevo texto legislativo, al que ahora se pueden presentar alegaciones, se basa en tres principios básicos: la simplificación, la flexibilización (se eliminan los requisitos para la creación de las mancomunidades y se cambian por criterios) y la participación activa. Con este último aspecto se pretende que el mapa se realice «de abajo a arriba» y que sean los propios territorios los que elijan la mejor forma de agruparse. Se evitará así intromisiones políticas y que no se produzcan bloqueos como el que ha mantenido el PSOE en las Cortes regionales con la ley de mapas rurales. El modelo, insistió Calonge, busca fortalecer los municipios e impulsar su asociación voluntaria para la gestión común de servicios. Ello garantizará una mayor eficiencia a través de una prestación de servicios públicos locales de carácter mínimo en todas las mancomunidades que se declaren de interés general.
La nueva redacción recoge, además, como artículo monográfico, la mención a las zonas de especial actuación, que se podrán delimitar integradas por una o varias áreas funcionales contiguas para el impulso de programas de desarrollo en aquellas zonas de menor dinamismo económico y demográfico o afectadas por circunstancias extraordinarias.
Calonge explicó, en declaraciones a ABC, que confía en que antes del verano el anteproyecto sea aprobado por el Consejo de Gobierno para su posterior tramitación en las Cortes autonómicas, de forma que entre en vigor a finales de año.
Explicó, además, que al igual que las mancomunidades urbanas contaron con una línea de ayudas, si los municipios rurales muestran su interés por agruparse, la Administración regional habilitaría una nueva línea de subvenciones para impulsar estas formaciones.
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