Libertad para los alcaldes de Astorga y Villarejo de Órbigo, que siguen investigados
La juez les incluye junto a otros tres ediles astorganos en un pieza separada del caso por presuntos contratos irregulares de obras
En libertad sin medidas cautelares pero «en calidad de investigados». Los cinco políticos en activo que declararon ayer en Astorga dentro de la macrooperación Enredadera están ya en sus casas con la única obligación de estar localizados para cuando el juez les requiera de nuevo. Fue el titular del Juzgado de Instrucción número 2 el que tomó esta decisión a primera hora de la tarde de ayer después de que el alcalde de este municipio, Arsenio García (PP), y tres ediles del equipo de gobierno, así como al regidor de Villarejo de Órbigo (León), Joaquín Llamas (PSOE), pasaran la noche anterior en comisaría. Su interrogatorio se produjo tras la apertura de una pieza separada a la que investiga una jueza de Badalona sobre supuestos amaños en sistemas de tráfico y pretende esclarecer la contratación de diversas obras y servicios y la instalación de parques infantiles y zonas verdes y deportivas en municipios de León. Serían por estos hecho y no por los vinculados a las adjudicaciones de radares y semáforos, en los que podrían estar implicados los dos regidores y los concejales astorganos de Urbanismo, Manuel Ortiz (PP); de Comercio, Pablo Peyuca (Partido Autonomista Leonés), y Deportes, Javier Guzmán (PP). Según informaron a Efe fuentes de la operación, en las supuestas irregularidades podrían estar vinculadas al empresario leonés José Luis Ulibarri, dueño entre otros de El Mundo de Castilla y León y copropietario de RTVCyL, también detenido y cuya declaración en Badalona SE produjo ayer por la tarde.
En estas instalaciones también habría participado supuestamente la empresa Agema, cuyo dueño, Ángel Luis García Martín -conocido en el municipio como «el patatero» por haberse iniciado en el mundo de los negocios en la empresa heredada de un almacén de patatas- y uno de sus directivos, Juan José Simón -exedil del PSOE en Astorga-, que también fueron detenidos y puestos a disposición judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León aclaró que se investiga si en este caso se cometieron delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, violación de secretos por funcionarios, malversación de caudales públicos, falsedad de documentos públicos, fraude a la administración pública e inducción para cometer los anteriores delitos. Además, el Juzgado de Instrucción 1 de León investiga otra pieza separada también declarada secreta de la que, por el momento, no se ha facilitado información.
Tras ser puesto en libertad, el alcalde de Astorga proclamó su inocencia y la de los otros tres miembros del equipo de gobierno investigados. «No se ha cometido ninguna ilegalidad en el Ayuntamiento», destacó Arsenio García, quien lamentó que «el daño está hecho, pero tenemos la conciencia tranquila».
A disposición del PP
Entre aplausos de sus vecinos, destacó la «alegría» que supone quedar en libertad sin medidas cautelares y aseguró que hoy se reincorporará a su puesto de trabajo «y hablaré con el partido en León», aunque ya puso ayer su cargo a disposición de la formación. Al respecto, el presidente provincial del PP leonés, Juan Martínez Majo, apeló ayer a la prudencia sobre las consecuencias de la Operación Enredadera para cargos políticos de su partido, al tiempo que señaló que se actuará conforme a los estatutos. «Vamos a ver la documentación que salga de los juzgados y a partir de ahí se tomarán las actuaciones que sean necesarias y contundentes; no cabe la menor duda. En nuestros propios estatutos nacionales se prevé la suspensión cautelar de militancia cuando alguien está imputado o implicado en un proceso de este tipo», señaló.
Mientras, la Ejecutiva Federal del PSOE y el PSOE de León comunicaron el inicio del expediente de suspensión cautelar de militancia del alcalde de Villarejo de Órbigo y diputado provincial Joaquín Llamas Redondo y de Juan José Simón Callejo, exconcejal de Deportes de Astorga por su presunta vinculación con los hechos.
Por su parte, Ciudadanos anunció ayer el requerimiento al concejal de la formación en San Andrés del Rabanedo (León), Juan Carlos Fernández, también diputado provincial de la formación naranja la dimisión de sus cargos. «Tras el avance de las investigaciones», el partido le advierte de que si no se produce dicha dimisión en la próximas horas, se procederá a formalizar una expulsión que no es posible con Sadat Maraña, el otro detenido vinculado a su formación y que no ocupa ningún cargo público.
Además, el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo celebró ayer una reunión con los diferentes grupos de la oposición, a los que aseguraron no tener ninguna relación contractual con las empresas investigadas en la causa abierta. Además, a propuesta del grupo municipal de Izquierda Unida, todos los grupos presentes en la reunión acordaron incluir en el orden del día del próximo pleno ordinario facilitar toda la información necesaria para esclarecer los hechos acaecidos en la casa consistorial. Sus vecinos de Villaquilambre (León) decidieron crear una comisión de investigación que realice las gestiones oportunas para corroborar la legalidad de todo lo relacionado con el contrato adjudicado a la empresa «Gespol», vinculada a la Operación Enredadera.
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