Al menos ocho detenidos y registros en seis ayuntamientos de León y Palencia
La Policía se llevó documentación de León, San Andrés, Astorga, Villaquilambre, Villarejo y Palencia
La operación «Enredadera» extiende sus ramas también a Castilla y León. Seis ayuntamientos de la Comunidad (cinco en León, incluida la capital, además de San Andrés del Rabanedo, Astorga, Villaquilambre y Villarejo de Órbigo, así como el de la ciudad de Palencia) se despertaron este pasado martes con los agentes de la Policía Nacional llamando a sus puertas para llevar a cabo registros, hacerse con documentación y proceder a diversas detenciones y retenciones dentro de una macrooperación contra el fraude en la adjudicación de contratos de gestión del tráfico y multas. En principio, al menos ocho personas habrían sido detenidas en la Comunidad por su presunta vinculación con esta trama que no entiende de colores políticos -afecta a consistorios y cargos públicos de PP, PSOE y Ciudadanos-, extiende sus ramificaciones por toda España y tiene entre los arrestados a alcaldes, concejales, policías y empresarios.
Precisamente el empresario leonés José Luis Ulibarri , investigado también en la trama del caso «Gürtel» por el presunto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas en municipios como el madrileño de Boadilla del Monte, se encuentra entre los arrestados dentro de esta investigación llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, bajo al dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona (Barcelona). Aunque también se ha abierto una pieza separada por parte de otro juzgado de León, dentro de la que se enmarca la detención de Ulibarri, así como del asesor de Ciudadanos en la Diputación de León, Sadat Maraña . Un tercer detenido también pertenece a la formación naranja: el diputado provincial y portavoz en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, Juan Carlos Fernández. Y es en Astorga donde se produjo el mayor número de arrestos, cinco, tras horas de registros en el Ayuntamiento. Pero todo apunta a que no tendrían relación directa con la operación «Enredadera», sino con lo investigado por el Juzgado de León por otro asunto destapado en el curso de esta investigación. Los detenidos sería el alcalde, Arsenio García, sus ediles también del PP Manuel Ortiz y Javier Guzmán, su sucio de Gobierno Pablo Peyuca, del PAL, y el exconcejal del PSOE Juan José Simón. En principio, únicamente los cinco detenidos en Astorga habrían pasado ayer a disposición judicial, al igual que otros 13 de Badalona, mientras que el resto estarían en libertad, sin que haya trascendido su situación.
La formación de Albert Rivera anunció este pasado martes por la mañana que suspenderá de militancia tanto a Sadat Maraña -quien fuera coordinador de la Agrupación local de Cs en León, pero que tuvo que dimitir tras falsear su currículum- como a Juan Carlos Fernández. Además, avanzó que «en caso de que estas personas fueran imputadas por presuntos delitos de corrupción, el partido procedería a su expulsión».
Desde primera hora
La de este pasado martes fue una jornada de registros, búsqueda de información e incautación de documentación por parte de los agentes -la operación «Enredadera» desplegó casi 600 por toda la geografía nacional -, sorpresa y expectación por parte de los vecinos y paseo de numerosos cargos a declarar por esta trama, así como diversos detenidos. Se les investiga por nueve posibles delito: cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Los hechos presuntamente se remontan a los años 2012 y 2013, cuando amañaron los pliegos de los contratos municipales adjudicados a la empresa Gespol, dedicada al mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial. Desde 2016, esta firma pertenece a Valoriza, del grupo Sacyr. Se sospecha que, además, manipulaban los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad puramente recaudatoria, así como que manipularon los contratos para que Gespol fuera la beneficiaria de la instalación de los radares, con un precio desproporcionado.
Retenidos
La operación comenzó pronto y de manera simultánea. En León, según explicó el alcalde, Antonio Silván (PP), se trató de diligencias «de información y petición de documentación» sobre ciertos expedientes vinculados a la gestión de semáforos, para lo que precintaron varios despachos. La secretaria general del Ayuntamiento, el interventor y la jefa del servicio de Contratación permanecieron en el edificio durante las labores de los agentes, que no procedieron a detención alguna. Tampoco lo hicieron en Palencia, donde la Policía llegó a las 8.30 horas requiriendo documentación del servicio de contratación sobre la gestión del tráfico. Después de tres horas, los agentes se llevaron media docena de cajas llenas de información, tras trabajar con los agentes con la máxima transparencia y colaboración, según destacó su alcalde, el popular Alfonso Polanco.
En la localidad leonesa de San Andrés del Rabanedo, donde fue detenido Juan Carlos Fernández, la alcaldesa, la socialista María Eugenia Gancedo, asistió desde las 11.30 al registro en el ayuntamiento. Llegó a bordo de un coche de la comisión judicial y estuvo hasta las 16.20, cuando fue trasladada a Comisaría para firmar varios requerimientos, pero sin estar detenida, según explicó a Efe su abogado, Fernando. También Villaquilambre (León), se requirió la presencia del alcalde, Manuel García, y del jefe informático para tomarles declaración, que dejaron las dependencias municipales en un vehículo policial.
La Cistérniga, no
Y aunque en un primer momento también se señaló a La Cistérniga (Valladolid) como uno de los municipios investigados dentro de la operación «Enredadera», el alcalde, Mariano Suárez, desmintió a Ep el registro y petición de información. Se mostró «tranquilo» y recordó que el contrato con Gespol acabó en 2017.
