Castilla y León urge al Gobierno un IVA 'superreducido' porque «hay gente que no puede esperar más»

El c onsejero en funciones de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo , exigió ayer al Gobierno que apruebe de forma «urgente» un IVA ‘superreducido’ del cuatro por ciento para los productos energéticos porque «hay mucha gente pasando dificultades y no pueden esperar más». Lo hizo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, marco en el que el presidente Alfonso Fernández Mañueco trasladó a los miembros del equipo de Gobierno los acuerdos alcanzados en La Palma, donde el Ejecutivo de Sánchez se comprometió a adoptar medidas fiscales frente al alza de los precios energéticos.

Desde el pasado domingo, criticó Fernández Carriedo, «no ha habido ninguna comunicación y noticia por parte del Gobierno» ; es más, «se nos ha advertido que prácticamente habrá que esperar hasta finales de mes», apuntó el consejero portavoz, que criticó la inacción de Pedro Sánchez y su equipo cuando «hay muchas familias, pymes, autónomos y empresas que no pueden esperar más», ya que «están soportando unos costes muy importantes» que incluso les está llevando a parar su actividad «ante el riesgo de entrar en pérdidas».

Explicó el representante del Gobierno regional que la propuesta que trasladó Fernández Mañueco en la Conferencia de Presidentes también tendría sus consecuencias para Castilla y León, ya que la mitad de la recaudación del IVA corresponde a las comunidades, por lo que asumirán también el impacto de los ingresos. Aún así, enmarcó la decisión en un contexto de elevada preocupación por el impacto tan negativo y creciente de la inflación, la rotura de stock y la dificultad de acceso a las materias primas, a lo que sumó el elevado coste de la energía: «Es una situación de urgencia. Las decisiones deben tomarse pronto», remarcó, ya que, a su juicio, se están poniendo en riesgo actividades productivas que de cerrarse luego serán muy difíciles de recuperar.

En este mismo contexto, instó al Gobierno central a garantizar el derecho al trabajo frente a la huelga de transportistas, que ayer sumó intensidad en toda España, y el suministro de bienes esenciales para la ciudadanía y los sectores productivos. Fernández Carriedo afirmó entender la situación por la que atraviesa el sector, que está viendo cómo en los últimos tiempos «se han reducido sus márgenes e incluso entrado en pérdidas» mientras «el Gobierno no acaba de reaccionar». Pero al igual que existe el derecho a la huelga, dijo en referencia a los numerosos piquetes que está habiendo en toda España, también existe el derecho al trabajo, por lo que insistió en exigir al Ejecutivo central que garantice que los transportistas que así lo desean puedan trabajar «y que esos bienes y servicios puedan llegar a sus lugares de destino», al mismo tiempo que se asegure la recogida de la leche de las explotaciones o el suministro de piensos animales.

Recordó que esta situación de «mucha dificultad» en el transporte no viene de ahora -ya hubo un amago de huelga antes de Navidad-, pero sí se ha acrecentado con la guerra en Ucrania.