La Junta destinará 60 millones anuales para combatir la pobreza infantil
Familia pondrá en marcha una ayuda a domicilio en materia de higiene, alimentación y apoyo escolar para familias vulnerables con menores
Los indicadores sitúan la tasa de pobreza infantil en Castilla y León en el 27,7 por ciento y la de menores viviendo en hogares en situación de carencia material severa en el 1,1 por ciento. La Comunidad está mejor que la media nacional, pero «es verdad que siguen siendo datos altos y tenemos que trabajar en que se sigan reduciendo», subrayó ayer la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, que presentó la propuesta del Gobierno autonómico de estrategia para rebajar las cifras y ayudar a las familias con niños en situación de vulnerabilidad. Se trata de un nuevo plan que tendrá vigencia de seis años -hasta 2027- y que plantea un presupuesto «orientativo» de 60 millones al año, a los que se añadirán el 5 por ciento de los recursos procedentes del Fondo Social Europeo Plus que lleguen a la región.
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Tal y como presentó a la sección de infancia del Consejo de Servicios Sociales de la Comunidad, la nueva estrategia plantea 54 medidas que implicarán a cuatro consejerías (Educación, Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades y Fomento y Medio Ambiente en el área de vivienda). Entre las actuaciones previstas a implantar de forma inmediata, la consejera se refirió a las destinadas a frenar los desahucios de viviendas en las que residan niños y la puesta en marcha de una ayuda a domicilio para familias vulnerables en materia de alimentación, higiene y con apoyo escolar. La intención, explicó Blanco, es poner en marcha esta nueva herramienta el próximo año y funcionará de forma similar a otros mecanismos de este tipo.
Valoración previa
«Previa evaluación, se valorará a través de las corporaciones locales y los Ceas, a través de los técnicos de infancia, sus necesidades para poder disponer de una ayuda a domicilio para los estudios, las condiciones higiénicas o la alimentación», explicó la consejera, quien detalló que la nueva estrategia responde al compromiso del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al inicio de la legislatura de evaluar la situación y actuar al respecto.
Y para elaborar la nueva hoja de ruta que luche contra la pobreza infantil ha habido diálogo con las consejerías afectadas, pero también con entidades locales, las organizaciones del tercer sector, Cermi, Cruz Roja, la Federación de jubilados y EAPN. El fruto ha sido un plan «participativo» porque a todos «lo que nos preocupa» es reducir las tasas de pobreza en la región.
Además, los propios menores han colaborado en la elaboración del documento, que desde ayer está colgado en la plataforma de Gobierno Abierto y que incorpora las sugerencias de 108 niños de «cinco o seis provincias», sobre todo en materia de abandono escolar, donde también hará especial hincapié la nueva estrategia.
Así, la consejera subrayó que ya está prevista la modificación de la Renta Garantizada de Ciudadanía de forma que pueda vincularse a la escolarización de los menores y a la asistencia obligatoria a las aulas por parte de las familias perceptoras. En este punto, Blanco aseguró que Castilla y León también tiene mejores datos que la media estatal, pero se ha constatado que en el abandono temprano, en el desglose por género, las mujeres presentan una media superior a la nacional, y por ello se tendrá especial atención a esta circunstancia y se trabajará la perspectiva de género. Pero también se tendrán en cuenta los tipos de hogar con mayor riesgo detectado -las personas que viven en hogares formados por un adulto con hijos dependientes a su cargo- y a la población de origen extranjera, que presenta unas «tasas de riesgo muy superiores a la media». Otro de los aspectos que se impulsará serán las ayudas directas para evitar desahucios de viviendas en las que residan menores, algo que se consiguió en 400 casos el pasado año.
Red de protección
«Se trata de garantizar las coberturas de las necesidades básicas, pero también de darles una perspectiva de futuro a las familias», aseguró Isabel Blanco, convencida de que «los servicios sociales son la puerta de entrada para todas las personas que lo necesiten, pero tienen que ser también la puerta de salida». Precisamente, para ofrecer una alternativa, dijo, Castilla y León cuenta con la red de protección a las familias. En 2019, esta ayuda llegó a 6.854 núcleos familiares con 17.000 personas, de los que el 35,7 por ciento eran menores, detalló. Y en 2020, «como consecuencia de la pandemia, las cifras se duplicaron prácticamente», con 11.715 familias y 32.311 personas, aunque el porcentaje de menores bajó al 33 por ciento. En 2021 el dato vuelve a bajar y los beneficiarios son similares a los de hace dos años.
