La Junta defiende su actuación al negar la ayuda al marido de Silvia Clemente
Rechaza que se ponga en «entredicho» los trabajos de los técnicos de Agricultura y desvincula la decisión de «cuestiones políticas»
Con contundencia, la portavoz de la Junta de Castilla y León y consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, incidió ayer en defender la actuación de los técnicos y, por tanto, de la administración autonómica. Lo hizo con la sentencia en la mano del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que avala la decisión de no pagar una ayuda que había sido concedida previamente a la empresa Patatas Meléndez, propiedad del marido de Silvia Clemente, tras detectar el «incumplimiento total» del proyecto subvencionado. Y se afanó, además, en desvincular esta decisión de cuestiones «políticas», teniendo en cuenta que la subvención de casi 600.000 euros le fue concedida a la empresa en 2009 -siendo Clemente entonces consejera de Agricultura y Ganadería- y la judicialización del asunto, a instancias de la propia firma al haberle sido denegado el cobro, llegó en 2017, cuando Marcos ocupaba ya esa cartera.
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«No consiento que esto se una a cuestiones políticas», recalcó Marcos. «Cada uno está en el partido que quiere», apostilló la portavoz, en clara alusión, aunque sin citarla, a Silvia Clemente, ahora candidata a las primarias para ser cabeza de cartel en las autonómicas por Ciudadanos. Del mismo modo incidió en que «no» consentirá que se ponga en «entredicho» la actuación de los técnicos de la Consejería y del Itacyl, el Instituto Tecnológico Agrario que había aprobado la concesión de la ayuda y luego la denegó tras analizar el expediente y comprobar sobre el terreno el proyecto.
No «destrucción masiva»
Está «fuera de toda duda que la actuación de la Junta de Castilla y León ha sido la que debe ser desde el minuto cero», subrayó Marcos, agarrada al fallo de la sala de lo Contencioso-Administrativo -que el empresario ya ha anunciado que recurrirá-. Un argumento más que suficiente, señaló, para la defensa del proceder de la administración en este asunto, incidió. «Lo dice la sentencia. No hace falta que la Junta diga más», señaló Milagros Marcos, quien recalcó que la Junta «ha actuado conforme a la normativa» en este caso, en el que, recordó, se detectaron varias irregularidades como que el contenido del proyecto «no» coincidía, la falta de firmas de los investigadores y del registro o que «se aprecia» que en un documento de 2012 figura información de 2015 y 2016. En este punto recordó que la única firma que figura es la de Manuel Ariza (responsable del Área de Innovación del Itacyl, pero que ya no trabaja allí) es, además, quien dio las indicaciones para su eliminación, tal y como han corroborado los técnicos y se recoge en el fallo del TSJ. Eso sí, descartó que se haya producido una «destrucción masiva» de documentos.
Además, Milagros Marcos añadió que cuando detectó -a raíz de la petición del Alto Tribunal al recibir el recurso de Patatas Meléndez por habérsele denegado el pago de la subvención- que el «informe final» sobre el proyecto «está donde debe estar», la Junta fue la «primera en adoptar medidas legales» y el Itacyl se lo comunicó a la Fiscalía. Fue en 2017 sobre una subvención en la que el primer paso para reclamar el cobro se dio en 2014. Pasó es tiempo porque fue cuando se lo reclamó el Alto Tribunal. «A nadie se le ocurre que ha podido desaparecer un expediente concreto por motivos que desconocemos», apuntó en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno la portavoz, quien defendió que «nadie llega a los sitios a levantar alfombras ni mover cajones».
Rechazó «filtraciones» sobre este asuntó e insistió en desvincularlo de motivaciones «políticas, después de que Clemente haya dejado el PP. «No consiento que esto se una y asocie con cuestiones políticas. Cada quien que participe y esté en el partido que quiera», espetó Marcos, quien negó haber abordado la cuestión con su predecesora en el cargo y hasta hace unos días compañeras de partido. «Es un procedimiento administrativo que llevan los técnicos», argumentó la consejera. «No voy llevando y trayendo chismes», sostuvo. «Ni esta consejera ni los técnicos sabían el devenir de ningún político o política, ni si se iban a mantener en un partido o se iban a querer ir a otro donde conseguir más», añadió en alusión a que el trámite judicial comenzó en 2017.
