El juez cita como investigado al presidente del PP de Salamanca por posible financiación ilegal

El juez de Instrucción número 2 de Salamanca ha decidido llamar a declarar como investigado al presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, al igual que a un representante que elija la propia formación provincial y al gerente de la misma al ver indicios de un posible delito de financiación ilegal por unas supuestas «donaciones anónimas ilegales» para actualizar las cuotas de afiliados y que pudieran participar en el proceso de primarias del PP de Castilla y León de 2017 en el que Alfonso Fernández Mañueco se impuso a Antonio Silván. Las declaraciones de los investigados e stán previstas el 30 de diciembre .

En su auto, el juez destaca «los indicios racionales de la presunta comisión de un delito de financiación ilegal de partido político» que está previsto y penado en el artículo 304 bis del Código Penal. Tras la investigación llevada a cabo una vez reabierta una causa, que llegó a ser sobreseida provisionalmente, el juez concluye que habría desde 7.090 euros hasta 24.140 euros «sin justificar», que califica de «donación anónima ilegal» destinada a actualizar las cuotas de «afiliados morosos» para que pudieran participar en el proceso de selección del presidente autonómico del PP.

En esta línea, recuerda que a 31 de diciembre de 2016 -meses antes de que se produjeran las votaciones- el PP de Salamanca tenía 4.913 militantes que «no estaban al día de sus cuota s desde el último congreso» y que realizó «una actualización y pago» de las mismas durante el periodo del 10 al 17 de marzo de 2017, «dado que únicamente podían votar en las primarias los afiliados que estuvieran al corriente» del abono.

También explica que esa «actualización» se lleva a cabo «a instancia» del presidente del PP de Salamanca «mediante reuniones con cargos públicos y asesores» de la formación salmantina y en las que el gerente aporta los listados de «morosos».

El proceso, según recoge el juez de informaciones del propio partido, concluye con una amortización de 61.937 euros para cubrir el «debe» de los afiliados logrados, de los que las cantidades antes citadas son las que cuestiona el instructor.