El impuesto de la Junta de Castilla y León a la central de Garoña gravaría el daño ambiental

El impuesto que baraja la Junta por el cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña gravaría el posible impacto ambiental de su desmantelamiento. «A nadie se le escapa que la Comunidad Autónoma tiene una capacidad regulatoria en muchas cuestiones», defendió ayer la portavoz del Gobierno regional, Milagros Marcos, después de que este martes el presidente del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, plantease esa posibilidad. Esa potestad normativa que guarda bajo el brazo es a la que se agarra, aunque aún no tiene definido ese hipotético tipo ni fórmula de ponerlo en marcha, pero sí dejó claro que «no es un impuesto a la actividad», sino de carácter «ambiental» en caso de la bajada definitiva de la persiana.

Pero sería para un horizonte lejano , pues, incidió Marcos, «lo importante, lo primero» es que la actividad de Garoña -una vez que el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) ha dicho que puede seguir si cumple con unas inversiones en seguridad- se recupere y, «sobre todo, mantener y apostar por esos mil puestos de trabajo» que tiene aparejados. «Si no, habrá que exigir una alternativa a quienes no quieren que se mantenga la actividad para activar el empleo en la zona», señaló Marcos, quien recalcó que «no queremos» el impuesto y que su «apuesta» sigue siendo «claramente» que siga operativa. Por ello, seguirán «insistiendo» en que, si es «segura» y, además, «necesaria», se incluya en el futuro mix energético, en el que también reclama un hueco para el carbón autóctono.

«¿Tenemos capacidad normativa -para ese impuesto-? Desde luego. ¿Queremos ponerlo en marcha? Pues desde luego que no», apuntó. Además, incidió en que lo que quieren es que «esta ceremonia de la confusión a la que venimos asistiendo en los últimos meses se acabe». «Alguien tendrá que explicar por qué en un momento determinado se plantea precisamente que se vuelva a estudiar la seguridad de la planta y en un momento determinado desaparezca o se escinda o piense otra cosa», cuestionó Marcos, quien consideró que no tiene «mucha consistencia» que uno de los socios de Nuclenor -en alusión a Endesa- diga que es viable económicamente, y el otro -Iberdrola-, lo contrario «incluso» antes de conocer la vida útil a mayores que le daría el Gobierno central.

Además, Marcos afirmó que éste es un tema «mucho más serio» y «de garantía de suministro», como se ha visto «clarísimamente» a comienzos de año, con el pico de demanda, cuando «si no llega a ser por el suministro de carbón autóctono a las térmicas y nuclear -dijo- no hubiéramos podido encender la tele ninguno. No hubiéramos tenido energía en nuestras casas».