Igea reta a los sindicatos: juzgados o negociación para la vuelta a las 35 horas

La pelota está en el tejado de los sindicatos y de ellos depende que siga adelante la negociación con la Junta de Castilla y León para la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales -desde 2012, en plena crisis, se amplió a 37,5 horas- entre los 85.000 empleados públicos de la administración autonómica. Así lo aseguró ayer el vicepresidente del Gobierno regional, Francisco Igea, después de que UGT, CC.OO. y CSIF anunciasen este miércoles que interpondrán tres demandas contra el Ejecutivo autonómico en materia de función pública, entre ellas una por el «incumplimiento» del acuerdo suscrito el pasado mes de mayo para la recuperación de este horario.

«Los sindicatos deberán pensar si es compatible» la vía judicial con la negociación, advirtió el también portavoz de la Junta. Si continúan adelante con su demanda, consideró el vicepresidente, «nosotros tendremos que esperar a la resolución judicial» para poder aplicar esa jornada. «Depende de ellos», incidió Igea. Y es que, añadió, «no tendría ningún sentido» continuar adelante con la negociación, a la vez que está abierto un proceso en los tribunales con su correspondiente pronunciamiento.

Desde que en vísperas de la huelga general entre los empleados públicos convocada por los tres sindicatos para el pasado 6 de noviembre se rompiese el diálogo, la Junta siempre ha mantenido su voluntad de continuar negociando con los representantes de los empleados públicos.

De hecho, hoy hay prevista una reunión en la Consejería de la Presidencia -de quien depende la Función Pública- con UGT, CC.OO y CSIF para abordar varias cuestiones, entre ellas las 35 horas, según anunciaron ayer las propias centrales.

Mientras, desde el PSOE de Castilla y León, su vicesecretaria y viceportavoz en las Cortes, Virginia Barcones pidió ayer presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que «deje de estar escondido» y abandone la «actitud de ponerse siempre detrás de los problemas». Barcones insistió en que la Administración autonómica «cumpla los acuerdos firmados» con los empleados públicos. «Que cumpla con las 35 horas», recalcó en declaraciones recogidas por Ical.