Castilla y León plantea restricciones para los no vacunados si los casos siguen al alza

«Empieza a preocuparnos la subida de la incidencia, no somos una isla y no podemos estar relajados». Así se expresó ayer el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, que, tras el Consejo de Gobierno, hizo un llamamiento a la población «ante la necesidad urgente de completar la vacunación». Una petición, casi ruego, dado «el incremento constante y mantenido» de la incidencia de casos por Covid que «aunque no tiene una repercusión grave en las UCI, sí es importante». De ahí que si la tendencia se mantiene, la Junta se plantee ya ir a restricciones que, no obstante, tendrían como primeros destinatarios a los no vacunados, de forma que la exigencia del certificado Covid para acceder a los espacios cerrados es ya una opción más que posible. «No pueden pagar justos por pecadores», advirtió Igea. Y es que los contagios siguen en aumento y sólo en la jornada de ayer sumaron 208, un 42 por ciento más que hace una semana. De hecho, la incidencia a catorce días se sitúa en 66,56 casos. El dato positivo es que no se han registrado nuevos fallecimientos.

Lo cierto es que los positivos siguen al alza y aunque, en general, no precisan hospitalización, resulta evidente que es en la población no vacunada donde el virus no sólo se expande con más facilidad sino que, sobre todo, causa mayores estragos. De hecho, el 34 por ciento de los infectados por Covid ingresados en la UCI (18 en total) no estaban inmunizados. «En este colectivo el riesgo es mucho más elevado, también entre las personas que le rodean, y las probabilidades de acabar en el hospital son mayores», aclaró Igea.

Ante esta situación, insistió en llamar a la población a vacunarse «para evitar el incremento de la presión hospitalaria y que no pongan en riesgo sus vidas inútilmente». Estas personas que han decidido no inmunizarse frente el Covi d se encuentran, especialmente, en la franja de edad entre los 22 y los 55 años donde la tasa de cobertura está en el entorno del 80 por ciento - «son decenas de miles, mucha gente si se empiezan a poner malos», indicó Igea- cuando la media del conjunto de población supera el 90 por ciento. A todas estas personas se está llamando directamente desde los centros de salud para tratar de convencerles de la necesidad de recibir el pinchazo.

«Hay que buscar el estímulo más potente posible», insistió el vicepresidente de la Junta, quien admitió que si la incidencia sigue subiendo no se descartan estas restricciones focalizadas en los no vacunados mediante la exigencia del certificado Covid para acceder a espacios públicos, como locales de ocio y hostelería . Esta medida, que ya impera en Galicia y en no pocos países europeos, será tratada en el próximo Consejo Interterritorial de Salud con la idea de que se puede implantar en todo el ámbito nacional. Igea también se mostró a favor de la petición de los usuarios del tren de alta velocidad que se exija el pasaporte Covid a los viajeros. Dado que se trata de un lugar cerrado y sin demasiado espacio, considera que se trata de una medida lógica que, además, va en la línea de las limitaciones por las que apuesta la Junta. En cualquier caso, insistió en que ante la evolución de la pandemia «estamos pendientes pero también necesitamos tener una actividad con la menor ansiedad posible», rechazando de esta forma que, al menos por el momento, se piense en restricciones más severas aunque, aclaró, «todo el arsenal de medidas tiene que estar a disposición en el caso de que las cosas vayan más allá de lo que esperamos». De hecho, auguró una Navidad «mucho mejor que estos dos años» y ante las celebraciones y cabalgatas aseguró que «los alcaldes y los ciudadanos son sensatos para entender la situación».

Otra de las situaciones que también inquieta especialmente es la existencia de profesionales no sanitarios en las residencias de mayores, más de 1.500 según la propia Consejería de Familia. «Nos preocupa más porque están más cerca de los pacientes de riesgo», señaló el vicepresidente de la Junta, quien, no obstante, reconoció que como administración no pueden hacer nada dado que la vacunación no es obligatoria. Sin embargo, según explicó, las empresas privadas sí pueden decidir quién puede estar más cerca de los residentes.