Herrera: «Lo realmente injusto es dejar a los castellano y leoneses sin infraestructuras de primera necesidad»

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha defendido en las Cortes ante la comisión que investiga posibles irregularidades en la construcción y gestión del nuevo Hospital de Burgos que la elevación del coste sobre el inicialmente previsto se debió a que se trataba de «construir y equipar» un hospital de acuerdo a las necesidades asistenciales de 2011, acreditadas por los informes técnicos, «y no las proyectadas en 2005», año en el que se dio el visto bueno a su construcción. «Estamos ante un caso de mayor inversión y no de sobrecoste», ha insistido Herrera, que ha negado las irregularidades y ha insistido en que « las nuevas unidades de obra se abonaron al mismo precio previsto en el proyecto inicial».

El dirigente regional ha recordado que, tras varios modificados del proyecto y de las cuantías presupuestarias que se abonan a la empresa concesionaria (Eficanza) y tras la última revisión del IPC, el precio final del contrato hasta 2036 asciende a 1.379,18 millones de euros, con una anualidad promedio de 56,64 millones, distribuidos en tres conceptos: amortización de la inversión incial, las inversiones temporales y el coste de explotación de catorce servicios no asistenciales. Respecto a estos últimos ha señalado que suponen un coste en el resto de hospitales públicos de la Comunidad de entre 28 y 30 millones de euros, en total unos 700 millones si se tuvieran en cuenta los años de vigencia del contrato del hospital burgalés.

Ya, en contestación al procurador de IU José Sarrión, que insistió en que «el modelo de financiación público-privada difícilmente puede compatibilizarse con el interés público», Herrera ha defendido que «sin el modelo de concesión, Burgos no dispondría hoy de un hospital en funcionamiento». El dirigente regional ha recordado las palabras de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, quien ante una pregunta similar de un procurador andaluz en las Cortes andaluzas, defendió que «la financiación de obras mediante la participación público-privada no es sólo legal sino que es útil y eficaz en determinadas inversiones en un momento de crisis o de dificultades económicas». «Es verdad que en las cuentas finales puede ser algo más caro» , admitió Herrera, para quien «la rentabilidad social está por encima de la económica». «Lo realmente injusto es dejar a los castellano y leoneses sin infraestructuras de primera necesidad», sostuvo, recordando proyectos paralizados de similares características en Valcecilla y Toledo.