Fomento impulsará un bono rural para el transporte a la demanda

Un Bono Demanda Rural que permita una «tarifa plana anual» que contribuya a «potenciar» el uso del transporte a la demanda en las zonas rurales. Es una de las novedades que impulsará la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en 2021, según anunció ayer su titular, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la presentación en la Cortes de las cuentas de su departamento para el próximo ejercicio, que se incrementan de forma global un 5,33% respeto a las de 2018 -las últimas aprobadas-, hasta los 585,27 millones de euros.

El próximo ejercicio se llevarán a cabo los primeros proyectos pilotos de esta iniciativa que busca también «satisfacer así las necesidades de desplazamiento» de los habitantes de los pueblo a los servicios básicos «en condiciones de igualdad» con quieres residen en las zonas urbanas, destacó Quiñones.

Dentro de la Consejería, el área de transportes suma en el proyecto de Presupuestos más de 22,3 millones de euros «para seguir garantizando» tanto la prestación del servicio público de viajeros como el impulso del sector de mercancías y logística. Quiñones señaló también que el próximo ejercicio «estaremos apoyando a nuestros concesionarios de la misma forma que lo hemos hecho en 2020», cuando las restricciones de movilidad y reducción de viajeros han incrementado aún más el déficit de explotación ordinario.

A 21,45 millones de euros ascienden las partidas reservadas para avanzar en la modernización y digitalización de la Comunidad. La mitad, 10,5 millones, para el despliegue de infraestructuras que «garanticen la mejora de la cobertura» y recepción de la televisión digital terrestre, y sobre todo de la conectividad digital a través de internet de banda ancha en el medio rural. Ya se han suscrito protocolos de colaboración con las diputaciones. Avanzar hacia internet de alta velocidad «con capacidad de 100 megas, no de 30», incidió el consejero en declaraciones recogidas por Ep, hasta superar el 90 por ciento de la población en 2022 gracias a las subvenciones actualmente concedidas.

La inversión prevista esta legislatura asciende a 30 millones de euros.Además, entre otras actuaciones, dedicará una partida global de 30 millones en política del alquiler de vivienda, de los que algo más de 20 se destinarán a ayudas (cinco más que en las últimas cuentas), y otros 9,47 millones para incrementar el parque público de alquiler social. El presupuesto destinado a carreteras asciende a 96 millones, con prioridad a la conservación, que se llevará 58,3 millones. Desde la oposición parlamentaria, PSOE y UPL criticaron el «precario mantenimiento en carreteras» con una «escasa» cifra para conservación en unas cuentas «insuficientes» para un departamento que debería ser un «tren de desarrollo» en la actual situación de crisis por la pandemia.