Los empleados públicos acuden hoy a la huelga en Castilla y León por los tres meses de la discordia
La negociación para aplicar las 35 horas volverá tras el paro a un punto de inicio en un ambiente caldeado y con los sindicatos planteando la vía judicial
Los tres meses de la discordia sentenciaron la negociación para la aplicación de las 35 horas. Los trabajadores públicos de la administración autonómica están llamados a la huelga desde la pasada medianoche después de que los sindicatos hayan decido seguir adelante con la jornada de paro y rechazar la última propuesta de la Junta puesta sobre la mesa, que cedía en sus pretensiones iniciales de finales de año y adelantaba al 31 de marzo la recuperación de la jornada. No ha sido suficiente para los representantes de los trabajadores que insisten en que en lo sucesivo mantendrán su postura del 1 de enero. Una meta que parece que cada vez se complicará más, toda vez que rota la posibilidad de acuerdo que se había buscado desde septiembre -en hasta seis reuniones- las negociaciones ponen ahora el contador a cero y el tiempo juega en su contra.
De nada sirvieron los intentos «in extremis» de llegar a un acuerdo para aplicar la jornada de 35 horas semanales a los 85.000 empleados públicos de la región . El plazo para llegar a un entendimiento concluía a las 2 de la tarde de ayer, pero las posiciones no se movieron en el último día de negociación. La Junta remitió hacia las once de la mañana a las centrales sindicales su última propuesta y ésta se encontró de nuevo con el rechazo frontal de los representantes de los trabajadores. «No era el fin, pero vamos a la huelga» , señalaron.
En esencia, el documento enviado por el Gobierno regional recogía la oferta que ya se les había mostrado a los sindicatos en la reunión del pasado lunes. La fecha de aplicación de la rebaja en el horario -desde el 2012 es de 37,5 horas semanales por la crisis económica- arrancaría el 31 de marzo de 2020 para todos los funcionarios públicos, algo a lo que CSIF, CC. OO. y UGT se habían negado y que reafirmaron ayer al conocer el escrito del Ejecutivo.
Y es que para las centrales sindicales la fecha de aplicación innegociable es el 1 de enero de 2020. Entienden que debería haberse aplicado después del verano y que en «ya se ha retrasado». Eso sí, reconocen que tendrían que darse algunas «compensaciones» para aquellos subsectores que trabajen a turnos o que ya tuvieran cerrado su calendario. Ello implicaría unos tiempos diferentes entre los empleados públicos que suponía una de las líneas rojas de la Junta en la negociación: todos recuperarán las 35 horas a la vez .
Todos a la vez
Ése era uno de los motivos eludidos por la Junta para fijar el 31 de marzo. Era la fecha en la que podían asegurar la «equidad para todos los sectores» y que sin exclusiones se aplicaran al conjunto de empleados públicos las 35 horas, que inicialmente el Ejecutivo había propuesto recuperar en diciembre de 2020, para posteriormente adelantarla a junio y finalmente al término del primer trimestre. Rotas las negociaciones, La Junta lamentaba ayer que « la fecha efectiva de aplicación» haya sido «el único escollo que no se ha podido salvar a pesar de todos los esfuerzos realizados» y «flexibilidad».
Desde los sindicatos insisten en que «ya les hemos dado prórroga» y denunciaron que «no hay garantías» de que la fecha planteada vaya a poder cumplirse porque lleva aparejados unos requisitos que creen que si «no existen, tampoco el 31 de marzo». Según expusieron CC. OO., UGT y CSIF se trataría de «condicionantes» presupuestarios, del «ámbito de la organización de cada sector, el compromiso del cumplimiento de la actividad y el horario», así como la «garantía de los estándares de calidad de prestación de los servicios públicos».
Asimismo, lamentaron desde CSIF que se aluda a la creación de «mesas técnicas en los sectores para analizar las materias suscritas y que promuevan un acuerdo», algo a lo que se negaron rotundamente debido a que eso supondría volver a «negociar algo que ya se ha firmado». Por su parte, la Junta, al respecto de este punto matizó que lo que se haría en las mesas sectoriales es «concretar la aplicación práctica» del horario original de los funcionarios.
En este panorama, los miles de trabajadores públicos de la administración autonómica están llamados hoy a una huelga a la que los sindicatos «acuden sin miedo» y con la confianza de una apoyo mayoritario» , que no será el deseado por unos servicios mínimos que no comparten, sobre todo en sanidad, donde consideran que debería haber una plantilla equivalente a un festivo, sin consultas ni quirófanos. Precisamente el sindicato médico CESM explicó, por su parte, que apoya la huelga pero no espera un importante respaldo tras haber sido «excluidos de la negociación».
El día después
¿Y al día siguiente de la huelga? La situación volverá al punto de partida inicial. Desde la Consejería de Presidencia se mantiene el compromiso de seguir trabajando en su tramitación, «aunque ya sin un escenario cierto para su implantación en cuanto a la forma y la fecha de la misma» . Los sindicatos consideran que se «va a retrasar aún más» la aplicación de una jornada que creen que «no quieren» aprobar en el Ejecutivo, que consideran que «nos ha entretenido en una falsa negociación».
En las últimas semanas se había producido cierta aproximación entre las partes e incluso los sindicatos hablaron de «acercamiento». Las nuevas negociaciones, cuando empiecen, lo harán sin iniciativas de anticipo sobre la mesa y en un ambiente más caldeado. Y es que si bien «siempre que haya propuesta efectiva y real allí estaremos», los sindicatos también estudian recurrir a otra vía, la judicial, para resolver el conflicto. Los servicios jurídicos están analizando lo que entienden es «un incumplimiento de un acuerdo» y «mala fe», ya fuera si quienes «lo firmaron lo hicieron sabiendo que lo iba a cumplir» su relevo en la Junta o si el nuevo Gobierno tras las elecciones «no quiere hacerse cargo».
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