Política
La deuda de Villalonquéjar marcará el futuro del alcalde de Burgos
Lacalle pactó con el PSOE la «máxima responsabilidad» si las arcas municipales se ven perjudicadas
El alcalde de Burgos, Javier Lacalle , ha firmado un acuerdo con el PSOE por el que asumiría «la máxima responsabilidad» si no se logra que la deuda del Consorcio de Villalonquéjar se declare «no financiera». Mientras Lacalle se limita a asegurar que el acuerdo es «el más importante de este mandato», el portavoz socialista, Daniel de la Rosa, afirma que no tiene «ninguna duda de que la máxima responsabilidad implica la dimisión de Lacalle si no se consigue esa clasificación de la deuda». Sin embargo, en el acuerdo no figura la palabra «dimisión» y tampoco se establece una fecha cierta para asumir «la máxima responsabilidad». Solo se indica que esto ocurriría en los primeros meses de 2019, lo que se puede solapar con las elecciones municipales, previstas para mayo de ese año.
El Consorcio de Villalonquéjar es una herramienta que se creó en pleno apogeo de la burbuja inmobiliaria para financiar la ampliación del polígono industrial más grande de Castilla y León. El Ayuntamiento, con la financiación de Caja de Burgos (hoy CaixaBank) y del ICO, promovió la urbanización de la ampliación del polígono y esperaba obtener los fondos para pagar los gastos con la venta de los terrenos. Sin embargo, la recesión económica ha ralentizado los planes de venta y deja una deuda que varios expertos consideran que en última instancia tendría que pagar el Ayuntamiento y no el consorcio.
Ante la imposibilidad de hacer frente en este momento a la deuda, se planteó la necesidad de una reestructuración para ganar tiempo a la espera de que se vendan los terrenos. Sin embargo, el equipo de Gobierno municipal no contaba con los votos suficientes para sacar adelante esta opción, lo que llevó a una negociación fracasada con Ciudadanos y, finalmente, al acuerdo firmado con el PSOE.
Daniel de la Rosa justificó el acuerdo por «responsabilidad» del PSOE en la oposición y porque el alcalde ha asumido las cuatro condiciones plateadas por su formación. Además de aceptar «la máxima responsabilidad», Lacalle ha dado el visto bueno adaptación de los estatutos del consorcio a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las administraciones y a la Ley de Régimen Jurídico del sector público, pero también otra serie de condiciones que en realidad no están en manos del Ayuntamiento de Burgos. La principal, la que según el PSOE llevaría a la dimisión es la clasificación de la deuda como «no financiera». Con esta declaración, solo computarían como deuda municipal los 28,5 millones de euros que es la parte que no se podría llegar a pagar aunque se vendieran la totalidad de los terrenos de la ampliación del polígono industrial. Si no se consigue, se sumarían a la deuda municipal 110 millones de euros, con una grave elevación de la deuda municipal, que ya supera el 67 por ciento.
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La dificultad estriba en que el Ayuntamiento puede formular una solicitud, pero son la Oficina Nacional de Contabilidad, del Ministerio de Hacienda y, en última instancia, el Eurostat europeo los que deben decidir la clasificación de la deuda.
Otra de las cláusulas del acuerdo es la condonación de los intereses de demora -cuatro millones- que en realidad dependerá de una negociación con las entidades acreedoras. También se plantea incluir una añadido para propiciar una nueva reestructuración en caso de no cumplirse la planificación prevista para las ventas vinculadas a la deuda sostenible, una medida en todo caso a varios años vista y que también se debería negociar.
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