El juez investiga ya a la residencia de Burgos denunciada por la Junta

La «falta» de personal y medios adecuados para atender al medio centenar de ancianos es lo que ha llevado a la Junta de Castilla y León a «intervenir» la residencias Valle del Cuco, en la localidad burgalesa de Adrada de Haza . Este viernes, el TSJCyL ha informado que el Juzgado de Aranda investiga la existencia de posibles responsabilidades penales tras recibir un informe de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta acerca de la situación de dicha residencia.

En medio del azote del coronavirus, «no» había personal suficiente par gestionar la situación. Tan sólo quedaban dos efectivos de la plantilla y la propia directora del centro está de baja. Ante la llamada pidiendo «ayuda» y vista la situación, la Consejería de Familia ha tomado las riendas del geriátrico, según dio a conocer ayer el vicepresidente y portavoz del Gobierno autonómico, Francisco Igea.

Se daban las circunstancias de «excepcionalidad» que en esta situación de alarma permiten llegar a ese extremo, señalaron fuentes de la Consejería, que ha puesto a alguien al frente del centro, además de dotar de más personal. Además, la Junta ha dado traslado a la Fiscalía «de la situación» en la que se encontraba la residencia, comunicó Igea. En la residencia Los Royales y el centro de Día Ángel de la Guarda, de Soria , se ha reforzado el personal. Y en la de Mensajeros de la Paz de La Bañeza (León) s e valora trasladar a un hotel a los ancianos no contagiados. Desde la vallisoletana Casa de Beneficencia, su directora, reconoció ayer el «hondo dolor, tristeza profunda e incluso, en algunos momentos, desolación», ante la dureza de la situación que se está viviendo.

En el conjunto de los más de 800 geriátricos y centros de personas con discapacidad que hay en Castilla y León, con 53.000 plazas, la incidencia del Covid-19 mantenía hasta ayer por la mañana a 2.739 personas en aislamiento (incluye a quienes presentan síntomas, han estado en contacto con contagiados y a otros que ya lo estaban por otras patologías), 442 positivos y 101 fallecidos (16 más en las últimas 24 horas). Una mortalidad que, comparada con la registrada entre el 1 y el 24 de marzo del pasado año, «no es superior». Pero, apostilló Igea, «sabemos que esto no va a seguir así». «Estamos casi seguros de que la mortalidad, por la edad y por el grado de contagiosidad de la enfermedad, se va a disparar. Somos conscientes de ello», reconoció.

Igea defendió que «de manera diaria» se hace un «seguimiento» del estado y necesidades de todos los centros, tanto públicos como privados, y trasladó a los ciudadanos que han de saber que «sus mayores están cuidados y vigilados permanentemente». «Estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance para disminuir en la medida de lo posible el sufrimiento que está generando esta situación», apuntó el vicepresidente, quien, aún así, reconoció que están «seguros que no vamos a evitar la mortalidad que va a provocar esta infección», con una incidencia letal mayor entre los mayores. «El seguimiento diario no va a evitar la mortalidad. Si decimos lo contrario, estaríamos mintiendo», espetó.