Castilla y León prevé adelantar a las seis el cierre de los comercios y confinar las provincias

La situación del Covid-19 es de «extrema gravedad» y las previsiones no apuntan al optimismo, teniendo en cuenta la velocidad de crucero que ha logrado ya en esta tercera ola. «En apenas dos semanas» ha cogido la misma fuerza que en «cuatro meses» en la segunda, lo que lleva a «una pared», por su verticalidad, en el «crecimiento» de los casos, con récord en lo que va de pandemia en la última jornada: 2.312 más. Más parecido al avance de la primera que a la vivida a partir de agosto, de proseguir este ritmo con más de dos millares de contagiados al día -a 28 de diciembre eran 150- y una mortalidad del 2 por ciento , «en breve» llegarán «50 ó 60 muertos diarios y puede que muchos más», alertó el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea -en la última jornada se han anotado otros once decesos, diez en hospitales y uno en residencias-. Subrayó que al dar estos datos y proyecciones «no se trata de mandar más dramatismo, sino de explicar lo que va a pasar» de mantenerse así las tasas de incidencia y el comportamiento del virus, que en «todas» las provincias va al alza.

De ahí la necesidad de tomar medidas de forma «urgente» y más allá de las ya aplicadas, que desde este miércoles mantienen cerrada la actividad en el interior en la hostelería -sólo con servicio de terraza y para llevar y recoger-, grandes centros comerciales -se permite abrir a los establecimientos de servicios esenciales- y gimnasios y salas de juego y apuestas. La Junta ultima más restricciones, que entrarán en vigor de forma inmediata, ya que la velocidad del avance del virus obliga a actuar con «rapidez».

Aunque Igea no desveló los detalles, ABC ha podido saber que el planteamiento que trasladará incluye adelantar el cierre de los comercios a las seis de la tarde, además de que pondrá sobre la mesa el cierre perimetral de las provincias -e incluso en límites inferiores-. Ésta y otras medidas con el objetivo de «bajar la actividad, bajar la movilidad y el contacto social», destacó el portavoz de la Junta, que sí adelantó la posibilidad de extender al conjunto de Castilla y León las que se aplicaron en otoño en Burgos, cuando la incidencia estaba disparada muy por encima del resto de las provincias. Entonces, allí también se cerraron bibliotecas, archivos, museos así como cines, teatros o auditorios .

Concretar las restricciones es lo que abordará y cerrará hoy en una reunión con los alcaldes de las grandes ciudades y los presidentes de las diputaciones, ya que algunas medidas requieren de su implicación. También de las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por lo que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya ha hablado con el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, con quien hasta ahora la colaboración ha sido «excelente», para ver «hasta dónde» pueden llegar y «si es factible mantenerlo» en una Comunidad tan extensa. También con los grupos políticos de las Cortes. Las conversaciones, bilaterales, se produjeron a lo largo de la tarde de ayer. En el caso del portavoz socialista, Luis Tudanca, el encuentro con Fernández Mañueco, fue presencial, mientras que en el resto de los casos se mantuvieron conversaciones telefónicas. «No es el momento del reproche. Es el momento de trabajar para disminuir el daño», había señalado Igea horas antes.

«Quedarse en casa»

Por el momento, tanto el vicepresidente como la consejera de Sanidad, Verónica Casado, imploraron ayer de forma «encarecida» el «autoconfinamiento» de la población , ya que aplicar el confinamiento es imposible dado que no se cuenta con la «herramienta» legal que lo soporte, por lo que urgieron de nuevo al Gobierno a que la apruebe. La «recomendación» generalizada es a «quedarse en casa», salir «lo mínimo posible» y sólo para «lo esencial»: trabajo, compras, clases... También recomendación de reuniones sólo con convivientes; en los domicilios únicamente juntarse los moradores habituales, y de verse con otros, mejor al aire libre. «Vamos a ver hasta dónde podemos llegar legalmente porque afectan a derechos fundamentales», reconoció el vicepresidente