Castilla y León revalida su liderazgo en dependencia como la única comunidad con atención sobresaliente
El informe de 2019 otorga una nota de 9,3 y evidencia «las enormes desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión» en el resto del país
En 2019 la nota de Castilla y León en atención a la dependencia volvió a ser un sobresaliente. En concreto, un 9,3 -la misma puntuación que en 2018- que le permite ser una vez más la región con la calificación más alta, según el XX Dictamen del Observatorio de la Dependencia que cada año elabora la Asociación Española de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales . Es, además, la región que más empleo ligado al sector crea y una de las pocas que ha conseguido llegar a la «plena atención» con un sistema en este sentido que el informe llega a calificar de «modélico». La siguiente autonomía más aplicada en esta materia es Castilla-La Mancha, con un notable alto (8,6), y le sigue La Rioja con un 6,8 en un año en el que la media nacional cae al 4,68. Suspenden también seis regiones, y son Asturias y Cataluña las que obtienen una nota más baja, con un 1,1 y un 2,1, respectivamente.
Con un total de 104.776 dependientes atendidos , 11.402 incorporados en el último año, Castilla y León es, pese a los elevados datos de atención ya alcanzados, la cuarta que más crece en cuanto a nuevas personas en el sistema. La región consigue así batir un nuevo máximo histórico, que acumula un incremento del 42% en usuarios en los últimos cinco años.
Pero, además, cuenta con el «nivel de desatendidos» más bajo de toda España, con un 1,5 por ciento, lo que supone que la región ha llegado a la considerada «plena atención», sin una lista de espera significativa. Y es que, según recoge el informe, «únicamente» 1.593 personas estaban a 31 de diciembre de 2019 a la espera de recibir una prestación, con una tasa autonómica que es con «mucha diferencia» la mejor del país. Precisamente, los desequilibrios entre las regiones es otra de las cuestiones que destaca el estudio como un defecto que no ha podido resolverse desde la aplicación de la Ley estatal.
Diferencias
«La disparidad entre territorios desgraciadamente sigue siendo uno de los elementos más definitorios del sistema», explica el documento, que, además, asegura que «dictamen tras dictamen hemos señalado y denunciado las enormes diferencias en coberturas, prioridades, listas de espera, velocidades de incorporación...».
En lo que también destaca la Comunidad es en la creación de empleo ligado al sector. Tiene la tasa más elevada del país, con 53 puestos de trabajo por millón invertido, y contabiliza 32.558 empleos directos «estables y no deslocalizables», lo que supone un incremento de 3.397 durante el último año.
En cuanto a la financiación, el estudio recoge que el gasto regional por dependiente asciende a 886,75 euros y que Castilla y León aporta al sistema de la dependencia más de 474 millones - el 78 por ciento del gasto público-, mientras que la Administración del Estado destina 137 millones -el 22 por ciento-. Esta es una de las cuestiones más criticadas del sistema, ya que, según se estableció inicialmente, ambas instituciones tienen que aportar los fondos a partes iguales, pero la diferencia se va «acentuando año a año, lejos de corregirse», indica el documento.
La Junta se mostró muy satisfecha con los datos del nuevo informe. «En Castilla y León nos preocupan las personas, por encima de los intereses personales o partidistas. Y los datos lo demuestran. Logramos la plena atención de las personas dependientes y somos la única Comunidad de España que obtiene un sobresaliente», aseguró ayer el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, a través de sus redes sociales.
Para la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco , los datos son un «orgullo» porque sitúan los servicios sociales de la Comunidad como «los mejores de España». Y todo ello, dijo, es «fruto del modelo establecido en la región, del acuerdo marco de cofinanciación con las corporaciones locales y del gran trabajo que hacen los profesionales». Sin embargo, apostó por no conformarse. «Nos tiene que servir de acicate para seguir mejorando», aseguró, y citó aspectos co mo reducir los plazos, pese a que la Comunidad es la «única en la que la generación del derecho está en un plazo de tres meses».
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