Servicios sociales
La factura impagada del Estado con la dependencia llega a 1.570 millones
Según la ley, el Ejecutivo central debería aportar el 50% de la financiación, pero nunca ha pasado de un tercio del total
En Galicia 8.456 personas tienen el derecho reconocido pero están a la espera de atención por falta de fondos
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El Gobierno gallego activa una vieja reivindicación de las comunidades autónomas: la factura de la Ley de Dependencia . Aprobada en 2006 por el Ejecutivo de Zapatero, proponía una serie de prestaciones a las personas que necesitan ayuda para realizar por sí solas las actividades básicas de la vida diaria . En el texto legal se preveía que las comunidades y el Estado sufragasen el nuevo servicio al 50%. Pero la promesa nunca se cumplió. Entre 2009 y 2019 (ambos años incluidos) si los diferentes gobiernos españoles hubiesen aportado la misma cantidad que la Xunta, Galicia habría contado con 1.570 millones más para poder cumplir con la Ley de Dependencia.
La necesidad de que el Estado asuma su parte del acuerdo ha sido una de las reivindicaciones que el presidente de la Xunta incluyó en sus cartas a los ministros del nuevo Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Feijóo remitió la misiva al vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias . El líder de Podemos ha manifestado que la situación de la dependencia en España «es una auténtica vergüenza nacional» y la Xunta espera que para mejorar la atención, el Estado comience a partir de ahora a aportar el dinero necesario.
Durante 2019, para sufragar los servicios a los que tienen derecho los 61.636 dependientes gallegos con prestación, Galicia contó con un presupuesto total de 381,2 millones de euros . El 75% de esta cantidad salió de los presupuestos autonómicos (286,7 millones) mientras que el Estado tan solo aportó el 25% restante (94,5 millones). Desde el año 2009, el Gobierno central nunca ha sobrepasado el 33% del total.
Además de la carta a Pablo Iglesias, fuentes de Política Social explican que la conselleira Fabiola García seguirá insistiendo en el asunto en las próximas reuniones entre el Estado y las autonomías. En las dos últimas citas del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y la Atención para la Dependencia, García ya expuso la reivindicación de Galicia a la entonces ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. También en el Parlamento gallego se han dado pasos para que el Estado se comprometa con la atención a los dependientes. Tras el último Debate sobre el Estado de la Autonomía, los grupos instaban al Gobierno central a que incrementase su financiación pasando del 25% actual al 50% . Ya lo habían hecho con anterioridad en 2017, cuando la Cámara aprobaba por unanimidad una moción presentada por el BNG exigiendo la cofinanciación.
La denuncia de atrasos en la valoración de los dependientes y en la concesión de las ayudas han sido una constante en los informes de la Valedora do Pobo en los últimos años. Pero la Xunta defiende que los problemas se solucionarían si el Estado pagase lo que le corresponde . «Si el Gobierno central aportara el 50% de la inversión tal y como prevé la Lei de Dependencia, podríamos mejorar sustancialmente las cifras y cuantías acercándonos al 100% de atención de los dependientes», afirma la Consellería de Política Social.
Las cifras de atención
Según los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) a cierre de 2019, en Galicia e xistían 70.092 dependientes con derecho a alguna de las prestaciones que recoge la ley. Pero de ellos, un 12% (8.456 personas) seguía a la espera de verlas satisfechas. La situación se repite en el resto de comunidades. De hecho, según destaca Política Social, Galicia no sale mal parada en comparación con otras autonomías, dado que es la cuarta con mejor ratio de atención, solo por debajo de Castilla y León, Navarra y Castilla-La Mancha.
A lo largo del último año el número de dependientes que han logrado acceder a alguna ayuda ha crecido. En total, a cierre de 2019 había en Galicia 1.537 personas más atendidas que en 2018. Pero la lista de espera también se incrementó , pasando de los 7.804 beneficiarios sin prestación en 2018 a los 8.456 que quedaban por atender el año pasado. En el conjunto de España, la lista de dependientes esperando a recibir servicios o prestaciones que les han reconocido aumentó en 20.000 personas hasta llegar a los 270.000 usuarios reconocidos pero sin recibir ninguna atención . El Observatorio Estatal para la Dependencia estima que en toda España mueren cada día 85 personas al día sin haber recibido las prestaciones: unas 31.000 fallecieron a lo largo del año pasado.
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