Castilla y León quiere analizar las aguas residuales de las residencias para controlar al Covid

En ellas viven las personas «más vulnerables» que, con una vida en comunidad y muchas veces dependiente, son la mecha perfecta para la propagación del Covid-19, como se ha demostrado hasta ahora en esta pandemia, que ha hecho especial mella en las residencias de ancianos y personas con discapacidad. Pero no siempre es fácil distinguir las múltiples caras con las que se presenta el Covid-19 entre las numerosas patologías que muchos de los ancianos tienen en su historial. De hecho, es al hacer cribados masivos o al ser sometidos a la prueba al llegar al hospital por otra enfermedad cuando dan positivo en coronavirus. Y en la mayoría de las ocasiones la propagación ya ha comenzado por el geriátrico. Por eso, poner coto al virus es una obsesión.

Para contribuir a ello la Junta de Castilla y León quiere tener listo en «breve» un «control efectivo» y «prácticamente diario» de las residencias mediante el análisis de «pooling» (agrupamiento) o análisis de aguas residuales para el «control virológico» de los geriátricos , según avanzó ayer el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. «Nos preocupa mucho» la situación de las residencias, reconoció Igea, pues es donde viven las personas más vulnerables también a esta pandemia.

En los más de 1.200 centros de mayores y personas con discapacidad que hay en Castilla y León ha declarados 63 brotes -en estos espacios se considera ya así con un solo caso de residente o trabajador-. Suponen casi el 16 por ciento de los 397 brotes que hay en toda la Comunidad. Y aunque hay geriátricos en los que la expansión de los contagios -entre ancianos, trabajadores y otras personas vinculadas a éstos- supera el centenar, como en la residencia de Riaza (Segovia), de media acumulan 18,4 casos por brote. En total, tienen vinculados a ellos 1.159 infectados, un tercio de todos los contagiados en los brotes declarados activos en Castilla y León.

Respecto a las residencias, Igea tachó de «acto de desvergüenza política» que el PSOE reclame en Castilla y León los datos individualizados de las residencias privadas -que no pueden dar salvo autorización- y sostenga «lo contrario» en otros territorios en función de si gobierna o no.