Castilla y León, primera comunidad en sentar las bases de un pacto político frente al Covid-19

«Es difícil recordar un momento más duro que éste» en la historia reciente de la Comunidad». 3.965 muertos y miles de trabajadores y empresarios con su futuro en el aire. «Pero precisamente por eso, cuando es más difícil que nunca, es más necesario que nunca que lleguemos a acuerdo». Es el espíritu con el que ayer se puso la primera piedra de lo que busca ser un frente unido para la reconstrucción postepidemia de Castilla y León. Un pacto al que comenzaron a dar forma ayer el presidente de la Junta. Alfonso Fernández Mañueco, y el líder de la oposición, el socialista Luis Tudanca, pero que esperan diseñar de la mano del resto de fuerzas políticas, ayuntamientos, diputaciones y agentes sociales . Por delante, reconocen, queda un «ambicioso» reto que se desarrollará en cuestión de «semanas» y en el que advirtieron de que no faltará «voluntad de acuerdo».

En una reunión «cordial» que no se prolongó más de una hora -durante los últimos meses ya habían estado manteniendo contacto-, Mañueco y Tudanca sentaron la bases de ese futuro acuerdo que se pretende alcanzar. De momento, ninguna medida concreta. Simplemente, los capítulos en los que coincidieron que se debe trabajar o que hay que «cambiar» y que son el fortalecimiento de la sanidad, los servicios públicos y los sistemas de protección social -con especial atención al modelo de residencias-, la mejora sistema del fiscal y la reactivación económica y cerrar un posicionamiento común de Castilla y León en España y en Europa. Con estos principios sobre la mesa, se creará un grupo de trabajo -con miembros de máximo nivel de las consejerías y de la oposición- que elaborará un documento que plasme las medidas concretas de estos ejes, explicó el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez ayer tras la reunión de ambos líderes.

El acuerdo nace con voluntad de ser participativo y en esta línea comenzarán las conversaciones formales en las Cortes de Castilla y León, donde se invitará al resto de fuerzas políticas a formar parte del mismo. A«todos», quiso dejar claro Tudanca preguntado por Vox, que esta semana rehusaba entrar en el pacto firmado en el Ayuntamiento de Valladolid. Eso sí, «un procruador de 81 no es excesivamente relevante», dijo, y «por el camino que espero que lleve este acuerdo confíó en que no se sienta muy cómodo con el contenido del mismo», señaló.

Asimismo, la semana próxima se convocará una conferencia de alcaldes y presidentes de diputaciones para analizar de su mano todas las fases de la desescalada y abordar la futura colaboración de la Junta y las entidades locales en la nueva normalidad. Un plan de acción en el que también se espera dar voz a las entidades sectoriales, cuyas aportaciones serán «tenidas en cuenta», y a los agentes sociales y económicos en el marco de Diálogo Social. Si se cierra el acuerdo «estaremos dando ejemplo a todo el país y prestando el mejor servicio posible», apuntó Tudanca.

Desde la Junta, Ibáñez señaló ayer «que tienen claro ambos que no hay espacio para otra cosa que no sea mirar el futuro de Castilla y León y un acuerdo para la salida de esta crisis», «Lo que sale en claro de esta reunión es que hay voluntad inequívoca de acuerdo», apostilló. Una declaración de intenciones que se asemeja a la manifestada por Tudanca, quien abogó por «sumar y vencer la desconfianza entre diferentes» y aseguró que se va a «dejar la piel para que fragüe» el pacto. De momento, dijo, «somos laprimera comunidad en poner en marcha un acuerdo» y Castilla y León «puede ser ejemplar en el panorama nacional. Hay una razón evidente por la que esto no es posible a nivel nacional: la extrema derecha y Pablo Casado», quien consideró que «no está a la altura de lo que necesita el país».

Sin líneas rojas en el horizonte -«prefiero pecar de prudente que arrepentirme mañana de demasiados mínimos»-, Tudanca sí urgió a que el trabajo ruede «rápido». «Me hubiera gustado que esto hubiera sido antes» y «no debemos esperar más». Entre ese boceto de pacto se aprecian cuestiones que serán de resolución «más inmediatas» y otras que «requerirán más tiempo». Todas ellas, exigió, deberán contar con un presupuesto «adecuado» y «útil» o «no se firmará».