Castilla y León pide usar los «sobrantes» del fondo Covid contra «la inflación»

El fondo de ayudas a empresas afectadas por la crisis del Covid fue, a ojos de la Junta, «insuficiente», y a causa de requisitos «muy restrictivos» quedaron en la hucha unos «sobrantes» que ahora desde el Ejecutivo de Castilla y León se reclama que se recuperen y se transformen en «apoyos» a los sectores más afectados por la «inflación». Transporte, la industria de consumo eléctrico intensivo, agricultura y ganadería serían los destinatarios de la propuesta autonómica que ayer el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, trasladó al Gobierno en el marco de la Conferencia Sectorial para el Plan de Respuesta a la guerra de Ucrania en la que se analizaron, en general, las peticiones de las comunidades para atajar un escenario de aumento de precios y crisis energética que ya «existía antes» pero que se ha «agudizado» con el conflicto.

Además de ayudas a estas mencionadas áreas, Carriedo insistió ayer en la Sectorial en las propuestas que la Junta llevó a la Conferencia de Presidentes celebrada en la Palma hace una semana en la que el Gobierno se comprometió a «ir planteando soluciones» a la actual crisis. De este modo, el titular de Economía volvió a reclamar un fondo con el que sufragar los gastos en servicios para la acogida de refugiados ucranianos -de momento ascienden a 545 las protecciones temporales a desplazados-, así como una bajada de impuestos y la flexibilización de los fondos europeos para «atender a las necesidades reales de las empresas». De momento el Ejecutivo central no ha avanzado en medidas concretas y sigue emplazándose al 29 de marzo para su aplicación, una fecha que desde Castilla y León no se comprende. «Los hay que no pueden esperar más» y «quienes echen la verja ya no volverán». «No es bueno esperar», insistió, celebrándose hoy un Consejo de Ministros en el que entiende el popular que ya se podría avanzar.

En la misma línea, el presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aprovechó el acto de la firma para la unidad de acción entre la Confederación de Empresarios de Salamanca y la CEOE Cepyme para exigir al Gobierno central la «inmediata toma de decisiones» ante una situación que es «crítica» para la competitividad de los empresarios y «la propia viabilidad de muchos sectores y empresas» debido a una inflación «desbocada» y a los precios de la energía más altos de la historia.

«Es el momento de que todas las administraciones demos un paso al frente» con el objetivo de poner encima de la mesa «soluciones de futuro», incidió el dirigente regional, que volvió a exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez un IVA ‘superreducido’ para la energía y los combustibles porque «una política fiscal de bajada es lo que se necesita en estos momentos».

Y entre esos sectores afectados para los que reclaman apoyo, los transportistas continuaron ayer con las movilizaciones en Castilla y León. Medio centenar en León, unos setenta en Ávila o 250 vehículos pesados en Valladolid tomaron el centro de las ciudades mientras desde distintos sectores advertían de problemas de abastecimientos. En un panorama en el que el paro y la solidaridad con Ucrania han disparado las compras de alimentación un 26 por ciento, Mercaolid recibió un 25 por ciento menos de aprovisionamiento y UGT augura problemas en las factorías grandes si continúa la huelga.

«Esto no es una huelga ni es un paro general, no hay servicios mínimos ni esenciales y no se ha respetado el mínimo de las normas que se tienen que respetar en cualquier tipo de reivindicación», denunció la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, que garantizó el transporte de productos esenciales en el marco de las protestas, que ayer se saldaron con dos detenidos en Ávila por altercados como la quema de contenedores de madrugada.