Castilla y León logra fijar para este año la creación de un plan nacional contra la despoblación

Abordar los retos demográficos ante el «problema» de población que presentan no sólo Castilla y León y las otras siete comunidades que ya se han unido para trabajar de forma conjunta en esta materia, sino implicar también en su lucha al Gobierno central, a las entidades locales y apelar incluso a la Unión Europea. Era una de las cuestiones que la Junta quería introducir en el orden del día de la sexta Conferencia de Presidentes que el próximo martes reunirá en el Senado al Jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, y sus colegas de las comunidades. Y el asunto estará sobre la mesa. Así se acordó ayer en la reunión preparatoria que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mantuvieron con los consejeros de la presidencia de las autonomías.

Tras el encuentro, el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, valoró que «por primera vez» se eleva a nivel nacional esta cuestión , por la que Castilla y León «venía peleando hace mucho tiempo». Este año, según apuntó el también consejero de la Presidencia, tendrá que estar listo ese plan. Y es que, recalcó, el problema de población es «gravísimo». Recordó que ya «avisamos que España iba a perder» habitantes y se ha cumplido. Algo que de continuar así, incidió, «pone en riesgo» el sistema de pensiones y el conjunto del Estado del Bienestar.

Junto a la población, un tema también capital para Castilla y León es abordar la reforma del modelo de financiación autonómica , que no gustó desde el principio, allá por el año 2009 y aún menos en tiempos de estreches de la crisis. Y será el asunto central de la cumbre de Rajoy con los dirigentes autonómicos, que comparten de forma unánime la urgencia de revisar ese sistema que en Castilla y León, según ha denunciado en numerosas ocasiones la Junta, deja en el debe unos 500 millones sólo entre la diferencia de lo que recibe del Estado y lo que cuesta la prestación de los tres servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales). «Nació mal, muy tocado, casi inservible», insistió ayer De Santiago-Juárez, quien valoró el acuerdo para que la Conferencia de Presidentes suponga el pitido inicial para reformar ese sistema.

Por el momento, en un camino que no se prevé sencillo y para el que no se han puesto plazos, «hay acuerdo en que hay que reformar» el sistema y que «todos tenemos que estar cómodos». El documento de inicio de la reforma al que con toda probabilidad darán el sí Rajoy y los dirigentes autonómicos incluye, además, que en el reparto tiene que imperar el «principio de suficiencia y de solidaridad».

Entre las novedades de cara a ese proceso de revisión figura que por «primera» vez se creará un grupo de expertos en el que también tendrán cabida profesionales designados por las comunidades autónomas. De Santiago-Juárez se mostró «optimista» con lograr el entendimiento que permita el relevo de un sistema «insuficiente».

En ese proceso de reforma que se iniciará también se tendrá en cuenta otra de las demandas de Castilla y León: incluir el coste de la dependencia. Aunque en este sentido faltan algunos «flecos» por cerrar, pues el ministro Montoro cuestionó por qué se pide incluir ese servicio y no otros.