Casado retoma el decreto de incentivos económicos a médicos que la Junta ya aprobó en febrero

El decreto ley de medidas urgentes en materia de Sanidad fue aprobado por el Consejo de Gobierno de Castilla y León el pasado 28 de febrero y convalidado por las Cortes autonómicas un mes después con el único voto a favor del PP, ya que el resto de grupos - incluido Ciudadanos- votaron en contra por considerarlo electoralista. Se supone, por lo tanto, que la iniciativa del anterior equipo de la Consejería de Sanidad, capitaneado por Antonio Sáez, está en vigor, más aún si se tiene en cuenta su consideración de «urgente» como se recoge en el propio enunciado. Sin embargo, no es así, al menos la medida estrella, en cuya negociación con los profesionales sanitarios más tiempo se empleó, como es la concesión de incentivos económicos a quienes ocupen puestos de difícil cobertura en aquellas zonas de la Comunidad, normalmente las más periféricas, donde no se encuentran facultativos.

Dicha medida aún no se ha aplicado ya que, según señaló ayer la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en declaraciones a la Cadena Ser, está en «fase de estudio» el incentivo económico. Es más, aseguró que es algo que se está hablando con los sindicatos para ver qué criterios se ponen para que una zona sea de difícil desempeño, lo que indica que hay dificultades para el desarrollo del trabajo, o de difícil cobertura para encontrar profesionales.

Lo cierto es que el citado decreto ley ya aprobado recogía los criterios para definir una zona como de difícil cobertura, otorgándola una puntuación en función de su dispersión, accesos y distancia al centro de salud u hospital de referencia. Los profesionales contarían entonces con un «complemento de garantía asistencial» de 6.000 euros anuales en el caso de los médicos, 1.300 en el de enfermería y 300 en el resto.

El citado incentivo, que tendría un coste estimado para las arcas regionales de unos 2,6 millones anuales , se consideró como la medida más atractivas para hacer frente al déficit de profesionales, si bien, finalmente, no se ha llegado a aplicar.

Casado apuntó que no sólo es cuestión de dinero sino de que los profesionales puedan hacer docencia e investigación para lo que ha apostado por buscar la complicidad, que no la competitividad, entre los hospitales de la Comunidad. No obstante, el decreto también incorporaba otra serie de ventajas para los sanitarios que ocupen esos puestos difíciles como era la flexibilización de horarios, una valoración especial en la carrera profesional o su situación de prioridad en actividades de investigación y formación.