Ayuntamientos de distinto signo llaman a abrir un nuevo debate sobre los remanentes
Tanto alcaldes del PSOE, molestos con el rechazo al decreto del Gobierno, como los populares, piden alternativas en favor de los municipios
Más allá del malestar de unos —los socialistas— y la satisfacción de otros —los populares y Ciudadanos— por el rechazo al Real Decreto del Gobierno sobre los remanentes municipales, lo cierto es que al menos en Castilla y León ambas partes llaman ya a una nueva negociación entre los grupos políticos para encontrar una fórmula que permita a los consistorios hacer uso con libertad de esos fondos en un momento en el que el gasto está disparado como consecuencia del Covid-19.
Coinciden desde diferentes ángulos pero con la misma idea de superar las ataduras que supone la conocida como «Ley Montoro», que sigue en vigor tras el «no» de la mayoría del Congreso a la fórmula del Ejecutivo central de reutilizar para la lucha contra la pandemia los dineros guardados por las entidades municipales en los bancos y devolverlo luego con intereses y a plazos a los propios ayuntamientos y diputaciones. Desde el lado favorable inicialmente al Real Decreto, el alcalde socialista de Soria, Carlos Martínez, reclamó este viernes que se abra un período de negociación sobre la normativa y que el debate que debería abrirse sobre la nueva medida «podría mejorar» la Ley. También desde el PSOE, el portavoz y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, instó a las formaciones políticas a que acuerden «una alternativa» por que se ha vuelto «a la casilla de salida, a la Ley Montoro» .
«Hay una diferencia tremenda de usar o no usar los remanentes, nos interesa a todos poder encontrar la salida» , apuntó el edil ante de volver a reclamar a los partidos que busquen «vías de acuerdo». En cualquier caso, Herrero se mostró «un poco pesimista» sobre un posible pacto para el uso de los remanentes, ya que hasta ahora «la única vía que se había podido poner sobre la mesa, con un apoyo muy exiguo en la FEMP» no ha podido ver la luz en el Congreso.
Mientras, el alcalde de Salamanca, el popular Carlos García Carbayo, uno de los que más se ha movilizado contra la norma «tumbada» el jueves, confió también en que «a partir de ahora, se abra un gran proceso de diálogo con las formaciones y con los ayuntamientos y diputaciones» por parte del Gobierno de España, que «debe dejar a un lado la soberbia y optar por el diálogo, que es lo que se le ha pedido reiteradamente».
Contra la «expropiación»
Para Daniel de la Rosa, alcalde socialisa de Burgos, «era un buen decreto para los ayuntamientos que contábamos con remanente», aseveró, aunque conoció entender a aquéllos que no cuentan con este remanente que defendieran que el decreto era «francamente mejorable». Aunque lamentó que «se haya perdido una oportunidad de oro» al considerar que «no hay margen de maniobra» para encontrar otra alternativa al decreto , sí abogó por que el Gobierno central «intente llegar a algún tipo de acuerdo».
Mientras, los alcaldes y concejales presentes en la Junta Directiva Provincial del Partido Popular de Segovia, así como los cargos orgánicos y otros electos, agradecieron al vicesecretario de territorial del PP, Antonio González Terol, en una reunión telemática, el apoyo del PP nacional y de otros grupos políticos para que no haya salido adelante el decreto por el cual el Gobierno de España había solicitado a los ayuntamientos su superávit.
Desde el PP de Segovia, a través de su presidenta Paloma Sanz, expresaron a su agradecimiento por «dar voz a nivel nacional del malestar de los alcaldes y concejales» de esta provincia, a través de la campaña «Mi Ayuntamiento no se expropia» , que llenó los balcones de sus pueblos con pancartas pidiendo la retirada de la norma.
En cambio, la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, calificó de «muy mala, pésima» la noticia del rechazo del Congreso al decreto de los remanentes de los ayuntamientos . Luquero confesó que tenía la esperanza de que se produjera en el último momento «un acuerdo, un consenso» que permitiera «convalidar» el decreto que «tanto beneficia a los ayuntamientos».
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