El PSCL censura al PP por frenar 1.560 millones para las entidades locales
El alcalde de Salamanca aplaude que se haya «frenado en seco la confiscación de los ahorros municipales»
El PSOE de Castilla y León acusó ayer al PP de impedir por las «batallitas absurdas» de Pablo Casado la llegada de un total de 1.560 millones de euros a los ayuntamientos de la Comunidad, tras no convalidarse el Real Decreto Ley sobre medidas financieras a entidades locales. En un comunicado, el PSCyL sostuvo que el PP de Castilla y León renuncia a tener recursos y capacidad para atender a sus vecinos en mitad de la peor crisis de la historia reciente. «No hay una explicación lógica ante la postura del PP de Castilla y León», advirtieron los socialistas.
Asimismo, defendieron que el Real Decreto no convalidado daba soluciones a los municipios con dificultades financieras, les ofrecía facilidades para el pago de deudas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, la posibilidad de reestructurar su deuda, la asistencia económica por parte de las diputaciones vía transferencias corrientes de carácter finalista entre muchas otras, si tienen remanentes, «actualmente inmovilizados por la Ley Montoro».
«Se han llevado por delante todas esas medidas que tanto tiempo llevaban reclamando las administraciones locales, como la eliminación de la regla de gasto, la reinversión del superávit, el fondo de transporte o la participación en los fondos europeos», advirtió el PSCyL. «El señor Mañueco ha vuelto a plegarse a Pablo Casado, dando la espalda a los ayuntamientos y diputaciones y por lo tanto, a los vecinos de Castilla y León», concluyeron.
Mientras, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, tildó «de poco inteligente y poco responsable» la decisión de rechazar el Real Decreto Ley sobre los remanentes, al tiempo que defendió la medida y recordó que los ayuntamientos y las diputaciones de la Comunidad autónoma tiene un volumen de remanente suficiente y recibirían al menos un 35 por ciento más del valor de su aportación, informa Ical.
«No es una incautación sino un préstamo voluntario al Estado que es devuelto en 15 años», insistió. Asimismo, recordó que el Real Decreto Ley contemplaba también destinar un fondo dotado con 400 millones para compensar la caída de ingresos del transporte municipal. Izquierdo trasladó no entender cuál es el beneficio que obtienen los grupos de la oposición para no aprobar la norma, ya que los ayuntamientos «se hacen daño a sí mismo y a otros»
Por el contrario, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, celebró que «se haya frenado en seco el despropósito del Gobierno de España de confiscar los ahorros de los ayuntamientos». Para el regidor, que siguió la votación en la Cámara Baja junto a otros alcaldes de más de treinta grandes municipios de España, «el fracaso sin paliativos del Gobierno les obliga a negociar» con las corporaciones de los municipios españoles, «tal y como se había comprometido a hacer el presidente, Pedro Sánchez».
«Llamada al diálogo»
Es por ello que García Carbayo definió la votación como «una llamada urgente al diálogo y las soluciones reales, y un golpe de sensatez de partidos muy distintos ante la sinrazón del Gobierno».
«No podemos seguir perdiendo el tiempo», insistió García Carbayo, quien señaló que los ayuntamientos necesitan «aprovechar cada céntimo de euro más que nunca para atender las necesidades de nuestros vecinos y evitar que la brecha social se haga más grande». demás de exigir que se permita a los ayuntamientos usar sus ahorros «sin tutelas», García Carbayo también pidió al Gobierno «un fondo incondicionado de 5.000 millones de euros, así como un fondo para el transporte de más de 1.700 millones».
Mientras, el senador leonés del Partido Popular Antonio Silván valoró el rechazo del Congreso al decreto al calificarlo como una victoria de «los ayuntamientos, el municipalismo y la ciudadanía».
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