Los 85.500 empleados de la Junta cobrarán desde marzo un 2% más

El Consejo de Gobierno de Castilla y León aprobó ayer un incremento salarial del dos por ciento para los 85.452 empleados públicos de la Administración autonómica , una medida con la que se da cumplimiento al Real Decreto Ley aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, informó de que la subida será efectiva , casi con toda probabilidad, en la nómina del mes de marzo, si bien tendrán efectos retroactivos desde enero, lo que implica que el porcentaje de enero y febrero no aplicado se recibirá en una única paga.

Este incremento retributivo tendrá un coste anual para las arcas de la Comunidad de 95 millones de euros , de los que 80 corresponden al capítulo 1 del Presupuesto, como gastos de personal, y otros 15 al 4, como transferencias de capital, ya que son las asignaciones al personal de las universidades y de las escuelas concertadas. De esta forma, el aumento salarial beneficiará a los casi 85.000 empleados públicos, 34.266 de ellos son sanitarios; 31.460 docentes y 19.729 trabajadores de la Administración general.

Ángel Ibáñez, que ayer compareció tras el Consejo de Gobierno, en ausencia del portavoz y vicepresidente, Francisco Igea (se sometió a una intervención quirúrgica), informó también del avance de las negociaciones relacionadas con los empleados de la Junta. «Están acostumbrados -dijo a los periodistas- a que desde aquí se hable mucho de sanidad pero hoy será de la función pública» (asunto de su competencia), en referencia a la práctica de Igea de detenerse especialmente en los asuntos sanitarios. Así, se refirió a la puesta en marcha de dos nuevas mesas de negociación: una sobre la carrera profesional y otra sobre los fondos adicionales para los empleados públicos, asuntos comprometidos con los sindicatos y pendientes de desarrollar.

El consejero de la Presidencia informó, además, de la decisión de su departamento de comenzar con la elaboración de una nueva Relación de Puesto de Trabajo (RPT) de los funcionarios. La decisión se adopta después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anulase el catálogo de puestos tipo, lo que supone, en la práctica, poner «en tela de juicio» el paso posterior, como es la relación, así como el concurso de traslados abierto y permanente. Ante este temor, se apuesta por eliminar uno de los pasos, precisamente el anulado por el TSJ y diseñar así una nueva lista de puestos «que habrá que valorar y consensuar con los sindicatos».

La aplicación de las 35 horas semanales, tal y como reclaman desde hace meses los sindicatos, fue otro de los asuntos abordados por Ibáñez para insistir en que «es un compromiso adquirido por el Gobierno autonómico y se va a cumplir». No obstante, matizó que «nos sentaremos a negociar» una vez que acaben las movilizaciones y las elecciones sindicales. Pese a todo, reconoció que en la prórroga presupuestaria con la que se trabaja, ya se asume un incremento de los gastos de personal de 200 millones de euros, así como otros 140 millones correspondientes a la asignación por la carrera profesional, tal y como se comprometió el Gobierno autonómico la pasada legislatura.