El Tribunal Supremo confirma la sentencia contra el alcalde de Añover por la vulneración de derechos fundamentales

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que condena al alcalde de Añover de Tajo, Alberto Rodríguez, por negarse de forma reiterada a entregar al Grupo Municipal Socialista la información de carácter municipal que le ha solicitado. Además, condena al Ayuntamiento a pagar las sucesivas costas de un proceso judicial que el edil ha recurrido incluso hasta el Tribunal Supremo, según informó el PSOE este lunes. Rodríguez, de IU, gobierna en coalición con el PP.

Los socialistas presentaron un recurso ante el Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Toledo contra la alcaldía por no facilitar la documentación e información pedida para el ejercicio de su labor de control y fiscalización a los órganos de gobierno.

En primera instancia, se falló en octubre de 2019 a favor del Grupo Socialista, considerando vulnerado su derecho de acceso a la información para el ejercicio de funciones inherentes al ejercicio de cargo público. Se exigió al Ayuntamiento a facilitarles la información solicitada y, además, con expresa condena en costas al Ayuntamiento.

Según el PSOE, el fallo «dejaba claro que no se puede considerar que el alcalde hubiera facilitado la información (...) simplemente por haber dado cuenta de los decretos de Alcaldía en el pleno, como argumenta el Ayuntamiento en su defensa».

La sentencia fue recurrida por el alcalde ante la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Este órgano desestimó en septiembre de 2020 el recurso e impuso también las costas procesales de esta segunda instancia al Ayuntamiento.

El edil también recurrió el fallo ante el Tribunal Supremo , que en julio consideró «no fundamentado suficientemente que concurriesen alguno o algunos de los supuestos que permiten apreciar el interés casacional». E impuso las costas procesales de este procedimiento al Consistorio.

El Grupo Municipal Socialista ha criticado el «empecinamiento» del alcalde en prolongar el proceso hasta en tres instancias judiciales. Esto le va a suponer a las arcas municipales un desembolso que puede ser superior a los 7.000 euros, según el PSOE.