Camarena

El informe forense sobre el acusado, clave en el juicio por la paliza a un médico: la Fiscalía mantiene la inimputabilidad

Las acusaciones particular y popular impugnan la valoración facultativa porque «no parte de elementos objetivos»

Entrada a la Audiencia Provincial de Toledo, este mediodía Manuel Moreno

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El informe realizado por dos médicos forenses a Francisco Jesús Castillo Carrillo será clave en la decisión del tribunal que lo juzga por la agresión al médico Juan Antonio Alcázar en Camarena (Toledo) la madrugada del 14 de junio de 2018. Las dos facultativas que lo firman han comparecido este miércoles en la Audiencia Provincial de Toledo, durante cerca de una hora, para ratificar su informe de inimputabilidad del acusado, de 32 años.

Su valoración, sin embargo, ha sido impugnada por las acusaciones particular y popular; no así la Abogacía del Estado ni la fiscal, que sostiene la exención de responsabilidad criminal para el procesado y una medida alternativa a la cárcel en un centro cerrado durante un periodo no determinado. Es la misma tesis de la defensa en el juicio, celebrado a puerta cerrada y que ha quedado visto para sentencia.

Según explicó Antonio Esteban, abogado del médico, han impugnado el informe de los forenses porque «fue presentado unos siete meses después de los hechos, en enero» . Dijo que esa valoración se hizo «en base a una exploración realizada en prisión en agosto, dos meses después de la agresión». «Siempre en base al estado de agitación que supuestamente tenía el acusado y a los medicamentos para reducir esa agitación, han llegado a la conclusión de que esta persona tenía alteradas sus facultades volitivas como cognitivas. Hoy han llegado a decir al final que no eran totalmente», aseguró el letrado tras acabar la sesión.

«Por eso seguimos insistiendo en que, para que tuviera validez ese informe forense, se tenía que haber realizado con unos elementos probatorios objetivos que no existen », continuó el abogado. «[Las médicos forenses] partieron de la información que han dado el acusado y los padres sobre al ingestión de determinadas bebidas y de cocaína cuando, en realidad, las forenses no lo han constatando. Simplemente parten de esos elementos fácticos», criticó.

«A partir de ahí deducen por el estado de agitación y las sustancias que tuvieron que darle para calmarlo, tanto en la ambulancia como en el servicio de Urgencias del hospital», añadió Esteban, quien recalcó que la carga de la prueba le corresponde a la Fiscalía y a la defensa. «Por mucho que se han ratificado las forenses, no parten de elementos objetivos, sino solamente de manifestaciones de partes y de la aplicación de esos medicamentos», afirmó el abogado. Esteban es «consciente» de la dificultad de que la impugnación del informe forense prospere.

«No dirigía el ataque a alguien en concreto»

Blanca Biezma, abogada del acusado, se mantiene en pedir la exención de responsabilidad criminal y la medida de seguridad en un internamiento en un centro terapéutico. « Las forenses han sido contundentes, tanto por lo que había consumido como por lo que le pautaron después de los hechos. Han concluido que él no dirigía el ataque a alguien en concreto; de hecho, atacó al médico, al padre e intentó matar a la madre con un cuchillo, además de dar puñaladas en los vehículos», dijo.

Según Biezma, Francisco Jesús está diagnosticado de trastorno límite de personalidad y consumo de cannabis y cocaína ; y no debería estar ingresado en una prisión, aunque lleva tres años y medio recluido en la cárcel de Ocaña I.

El padre declaró este miércoles, pero no la madre, ya que le han realizado un trasplante de pulmón, aunque ella «se quedó en estado de 'shock' y no pudo ver nada», explicó la abogada de Francisco Jesús.

Biezma propuso en su día, si su cliente fuese declarado inimputable, que fuese internado en la Comunidad Terapéutica El Alba, en Toledo, porque «tiene varias opciones, entre ellos módulos cerrados, como si estuviera en una prisión». «Yo intenté que Francisco Jesús saliera de Ocaña I y fuera a un centro, pero con toda la alarma social fue imposible». El tribunal decidirá si debe seguir en la cárcel o en un centro terapéutico.

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