Corral de Almaguer
Suspendido el juicio contra la exalcaldesa Juliana Fernández para pedir más documentación
La Audiencia de Toledo requerirá al Ayuntamiento información sobre quiénes y cuándo solicitaron tener acceso a los expedientes sancionadores de las multas
Habrá que seguir esperando para saber si Juliana Fernández de la Cueva Lominchar, exalcaldesa de Corral de Almaguer por el Partido Popular, y su entonces primer teniente de alcalde, Vicente González Ramírez, son culpables o no de un delito continuado de prevaricación administrativa en 2013 , durante su etapa como regidora de este pueblo toledano.
El fiscal Juan Luis Ortega les acusa de haber quitado cuatro multas de tráfico a tres vecinos, según un policía local de Corral denunció en su día, mientras que las defensas de Fernández y González aseguran que sus clientes son inocentes porque «nunca» firmaron resoluciones a sabiendas de su injusticia y de su ilegalidad.
La nueva demora en este procedimiento, que ya pasó por el Tribunal Supremo, se debe a una decisión del tribunal en este juicio, que ha arrancado en la Audiencia de Toledo este martes. La sala ha suspendido sine díe la vista para pedir más documentación relacionada con el procedimiento.
En concreto, y atendiendo la petición de las defensas y con la aprobación de la fiscalía, el tribunal va a requerir al Ayuntamiento de Corral información sobre quiénes y cuándo solicitaron desde 2013 tener acceso a los expedientes sancionadores de las multas. Será el secretario de la corporación quien deba certificar esos datos.
Los letrados de Fernández y González han explicado que pidieron esa información desde 2017, pero ni el juzgado de Quintanar de la Orden que instruyó las diligencias ni la Audiencia de Toledo, a la que elevaron un recurso, han atendido su requerimiento.
Después de estudiar la información que se envíe desde el Consistorio, las defensas pretenden demostrar que se vulneraron derechos fundamentales en la obtención de las pruebas. «Debe conseguirse con todas las garantías y requisitos, sin menoscabar el principio de presunción de inocencia», según Juan Justo, letrado de la exalcaldesa.
El abogado ha considerado que el tribunal, presidido por Rafael Cáncer, solicitará esa información al Ayuntamiento para «garantizar la legítima defensa».
En la sala, los letrados de los dos acusados criticaron que el policía municipal que denunció los hechos obtuvo datos de los expedientes sancionadores de «manera ilegítima», después de recibir un anónimo en el buzón de su casa. También censuraron que la fiscalía se dirigiera directamente al Ayuntamiento para requerir «sin ningún miramiento» información sobre las multas, en lugar de realizarlo a través de un juzgado.
Sin embargo, el fiscal rechazó de plano que hubiera «vulneración alguna» de derechos por parte del ministerio público, que «está legitimado» por ley para solicitar información a las entidades como ayuntamientos, sin la necesidad de recabar una orden judicial.
«Parte de los hechos que no son ciertos»
A Juliana Fernández y a Vicente González se les acusa de quitar cuatro multas de tráfico a tres conductores, que sí pagaron las sanciones económicas, pero no perdieron puntos de su carné de conducir.
La fiscalía pide que los procesados sean condenados a diez años de inhabilitación. Sobre la relación de hechos realizado por el ministerio público, Juan Justo ha insistido en que «puede hacer el relato que considere oportuno, pero mi cliente [la exalcaldesa] no quitó ninguna multa». «El relato de la fiscalía no respeta el principio de presunción de inocencia y parte de los hechos que no son ciertos», ha apostillado.
Juliana Fernández, visiblemente afectada en los pasillos de la Audiencia, ha declinado hacer declaraciones públicas a los periodistas mientras no termine este largo procedimiento, que todavía se demorará varios meses. «No sabemos cuándo podremos fijar otra fecha», ha advertido el presidente del tribunal, Rafael Cáncer.
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