Toledo fingido y verdadero
Una historia del poder provincial: el palacio de la Diputación (1)
Desde que, en 1881, la Diputación de Toledo decidió dotarse de una sede propia hasta que el edificio entró en pleno funcionamiento pasaron casi 20 años
Durante buena parte del siglo XIX, las corporaciones provinciales creadas en 1833 carecieron de autonomía administrativa. Por un lado, sus recursos económicos procedían tanto de la recaudación de contribuciones en los pueblos de la provincia según cuotas proporcionales a la riqueza de cada uno, como, en buena parte, de aportaciones del Estado; por otro lado, quedaban supeditadas a la superior autoridad del Jefe político o Gobernador civil, con derecho, en cuanto Presidente de la institución, de aprobar o anular sus acuerdos. Esa dependencia orgánica explica que la Diputación toledana quedase instalada en el edificio ocupado por las oficinas del Estado desde su puesta en funcionamiento en 1836. Se ubicaba, junto con el archivo provincial, en la segunda planta de la que había sido Casa profesa y Colegio de la Compañía de Jesús , hoy día Delegación de Hacienda, que albergaba igualmente el domicilio del Gobernador.
De todas formas, la gran cantidad de localidades y de tareas a las que atender hacía aconsejable disponer de amplios locales propios. Se trataba además de crear espacios simbólicos que marcaran la preponderancia de la Administración central sobre los intereses particulares en orden a la construcción de un Estado nacional. Así se entendió en la mayoría de las provincias tras el final, en 1876, de la tercera guerra carlista y una vez consolidada la Restauración. En el caso de Toledo , el largo proceso de edificación y puesta en funcionamiento del Palacio de la Diputación, extendido desde 1881 hasta 1899, había de mostrar la falta de arraigo de la institución en la provincia.
Un proyecto de prestigio
La ocasión para que la Diputación se dotase de local se presentó cuando la Dirección General de Establecimientos Penales, dependiente del Ministerio de la Gobernación, sacó a subasta, el 26 de julio de 1880, el edificio que había sido presidio correccional, como auxiliar del de Madrid, hasta su cierre a finales de los años setenta, cuando se construyó la cárcel modelo de la capital. Tal cometido se había dado al antiguo convento de Santa Catalina sito en la plaza de la Merced, nombre de la Orden religiosa a la que perteneció, después de ser desamortizado y exclaustrados los religiosos en 1835. La subasta quedaría desierta y volvería a ser convocada para el 26 de abril de 1881, ahora por un precio inicial rebajado de 45.000 a 36.000 pesetas.
La Diputación daría los primeros pasos para la compra del edificio el 24 de junio de 1881 en sesión extraordinaria convocada por el Gobernador civil, el liberal manchego Luis del Rey Medrano . Días después, el 14 de julio, la Comisión provincial, presidida por el terrateniente de Villacañas Jesús Segoviano Román , Diputado por Lillo, pueblo de donde era natural el Ministro de la Gobernación, Venancio González , daría poder a Santiago Delgado Cuenca , elegido por El Real de San Vicente, y a I gnacio del Castillo Alonso , Diputado por Puente del Arzobispo, para gestionar el contrato de compra. Ultimada la adquisición, y siendo Gobernador el alcalde de Toledo, Nicanor Fernández Gallardo , el 28 de noviembre fueron sacadas a subasta las obras de demolición del edificio.
Comenzado el derribo, el Gobernador convocó, para el 13 de febrero de 1882, nueva sesión extraordinaria para decidir a quién encomendar el proyecto del Palacio provincial. En ella, los 27 Diputados asistentes acordaron por unanimidad, a propuesta de Ignacio del Castillo , que Agustín Ortiz Villajos (1830-1902), natural de Quintanar de la Orden, lo tomase a su cargo. Se le ponía como condición atender las indicaciones que le fueran hechas tanto sobre las dependencias del local, como sobre el monto de dinero previsto para la inversión, inicialmente cifrado en una cantidad no superior a dos y medio millones de reales, o sea, 625.000 pesetas, aspectos de todas formas por precisar tras el examen que él hiciera del terreno y de la posterior discusión.
El acuerdo fue recibido con euforia por el periódico El Nuevo Ateneo , que días después publicaba unas notas biográficas del arquitecto, en las que destacaba, entre sus muchas y prestigiosas realizaciones, la iglesia del Buen Suceso (1868), el teatro de la Comedia (1875) y el circo Price (1880) de Madrid o el Pabellón de España en la Exposición Universal de París de 1878, distinguido con la medalla de oro de la muestra, además de citar obras en curso, como la del teatro de la Princesa. El periódico auguraba, en fin, que la casa-palacio había de constituir «un monumento más» entre los que la ciudad albergaba.
Competencias en conflicto
Los problemas iban a presentarse tras ser cubierta la vacante de arquitecto provincial (sobrevenida por defunción, el 3 de enero de 1882, de Santiago Martín Ruiz ), quien hubiera podido encargarse del proyecto, al igual que en Ciudad Real, Albacete o Cuenca. La convocatoria apareció en el Boletín Oficial de la Provincia del 2 de febrero. A ella se presentaron E lías Gallegos Díaz , que obtuvo la plaza, y Mariano López Sánchez, quien había ocupado el puesto tras ser destituido, por negarse a jurar la Constitución de 1869, Santiago Martín y había sido cesado cuando éste lo recuperó en 1877. Fuera o no la elección fruto del favoritismo, como pareció sugerir El Nuevo Ateneo , confirmaba el empeño de la mesocracia conservadora, que ya había situado a Juan García Ramírez (1847-1934) como arquitecto municipal, en mantener el control de las instituciones toledanas.
Ortiz Villajos , por su parte, entregó a la Diputación el 15 de agosto memoria explicativa, planos y presupuestos del proyecto. La discusión de todo ello quedó fijada para el 3 de noviembre, pero antes la Comisión provincial se procuró el asesoramiento técnico de Elías Gallegos . Éste, arrogándose el papel de censor de las decisiones corporativas, presentó el 11 de octubre un informe demoledor. Proponía modificaciones del proyecto que lo alteraban de manera radical, reducían el número y tamaño de las dependencias considerablemente y, según él, habían de servir para ahorrar unos dos millones de reales. Afirmaba, en fin, que la Corporación había de tener «muy en cuenta» sus propuestas en cuanto encargada de «velar por la mejor administración de los intereses que le están confiados». Estaba sugiriendo, como se podía deducir, que se retirase el encargo a Villajos y que le fuera confiado.
El informe fue contestado el 1 de noviembre por Ortiz Villajos. En cuanto al coste de las obras, demostraba el buen fundamento de la cantidad de 1.186.286 pesetas en que las presupuestaba, muy lejos de las 1.500.000 o seis millones de reales que calculaba Elías Gallegos . Advertía además que las modificaciones propuestas escondían gastos que no se sabía en qué (o en beneficio de quién, se podía entender) habían de invertirse. Mostraba, por otra parte, la incorrección técnica y ligereza de buena parte de ellas y se quejaba del irrespetuoso proceder del arquitecto provincial al dibujar sobre sus planos. Denunciaba, en fin, que el funcionario rectificaba, «a su antojo» y sin criterio estético, las dependencias y dimensiones del edificio que los Diputados «creyeron más acertadas para el servicio que tenían que llenar», estudio ya aprobado.
Aprobación del proyecto
Ni las virtudes del proyecto ni, por supuesto, la competencia de Villajos se cuestionaron en la sesión corporativa que, bajo presidencia del Gobernador, se ocupó del asunto el 3 de noviembre. Lideró su defensa el jefe del grupo liberal, Alberto Bernáldez Bernáldez, Juez de Torrijos, nombrado Vicepresidente de la Comisión provincial. Ofrecieron entonces testimonio quienes habían dictaminado sobre las dependencias requeridas por el edificio, en particular el principal responsable de la decisión, el abogado Luciano Miguel Aparicio , Diputado por Navahermosa que sucedería a Nicanor Fernández como Gobernador civil desde enero de 1884 -cuando el Partido Conservador recuperó la presidencia del Consejo de Ministros y Francisco Romero Robledo volvió al frente del Ministerio de la Gobernación- hasta su fallecimiento en noviembre de ese año.
Dos inconvenientes mayores para dar conformidad al proyecto del laureado técnico presentaron los defensores del arquitecto provincial, a quienes el más ferviente de ellos, Vicente Ruiz Alonso, Diputado por Illescas, identificó como sus «amigos» políticos. Por un lado, las economías de gasto propuestas por Elías Gallegos; por otro, las atribuciones que le corresponderían en cuanto funcionario provincial. Sorprendentemente, Ignacio del Castillo , el diputado que había lanzado el nombre del arquitecto de Quintanar, sostenía ahora junto con otros, sin tomar en cuenta lo dicho por Ortiz Villajos , que se le retirase el encargo y fuera aprobado el dictamen facultativo, pese a proponer un verdadero «contra-proyecto», en razón a «las grandes economías» que entrañaba. En cuanto a las funciones propias del arquitecto provincial, se aceptaba, no sin reservas, su informe, pero se le reprochaba la extralimitación de censurar extremos previamente aprobados por la Corporación, como los aspectos artísticos del proyecto o lo que se debía gastar en la casa-palacio y los departamentos o habitaciones que había de tener.
Puesto en fin a votación nominal los proyectos, presupuestos y planos de Ortiz Villajos , diecisiete asistentes, incluido el Gobernador, se pronunciaron a favor y cinco en contra. No contentos éstos con el resultado, aún suscitaron discusión sobre si había que encargar la dirección e inspección de la obra al autor del proyecto o al arquitecto provincial. Planteadas, por tanto, nuevas votaciones, se acordó por unanimidad que correspondiera la dirección a Ortiz Villajos y por quince votos contra siete, entre los que se contó el de Luciano Miguel , que también él asumiera la inspección.
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