Toledo fingido y verdadero
Una historia del poder provincial: el palacio de la Diputación (2)
El inicio de las obras de construcción del palacio provincial de Toledo se extendió desde 1882 hasta 1889
Una aprobación discutida
La discusión sobre la casa-palacio de la Diputación saltó a la opinión pública desde antes de que fuera aprobado, en noviembre de 1882, el proyecto presentado por Agustín Ortiz Villajos. El debate fue lanzado y alimentado por el periódico conservador El Duende . Su administrador, el abogado e interventor de la sucursal del Banco de España Jerónimo Gallardo de Font, futuro secretario de la Sociedad Arqueológica de Toledo e hijo del varias veces alcalde de Toledo Juan Antonio Gallardo Rivero, desataría una agria campaña contra el proyecto y contra los acuerdos adoptados por la mayoría de los Diputados.
Su razonamiento, declaradamente polémico, reiteraba -sin confesarlo- los argumentos del arquitecto provincial, Elías Gallegos . Había que poner veto a la obra (derecho -afirmaba- que asistía al facultativo) no sólo por las desmesuradas dimensiones del edificio y porque suponía malgastar el dinero de los contribuyentes en obras que no servían «más que para aumentar la belleza de las capitales en que se construyen», sino también por razones estéticas, dado el «mal gusto» de los torreones situados en los ángulos del edificio, inútiles «cucuruchos» sólo válidos para «guarida de pajarracos y reptiles». Una provincia -escribía- con «miserables municipios rurales que carecen hasta de caminos» debía olvidarse de personalidades y evitar un derroche de lujo y ostentación más propio de «los palacios de los magnates y validos de las pasadas edades«.
Tan ásperos juicios tenían en realidad una motivación corporativa, por un lado, y política, por otro. Esa sería la razón de que la defensa del arquitecto provincial emprendida por Gallardo no cesara tras las votaciones que decidieron el necesario sometimiento de los funcionarios de la Diputación a la autoridad de la institución en sí, por consiguiente reforzada. Los detractores del proyecto de Villajos confesaban tener la vista puesta en los próximos comicios provinciales, previstos para el 17 de diciembre. Así, esperando que la nueva Diputación siguiera «otro rumbo muy diferente de la actual», el semanario recogería en su apoyo opiniones aparecidas en otros periódicos, entre ellos El Siglo Futuro , órgano del tradicionalismo neo-católico. Abriría asimismo sus páginas a lectores y corresponsales de diversos distritos electorales que clamaban por satisfacer necesidades con el dinero dilapidado, escribía uno de ellos, en obras innecesarias incluso para una población a la que le bastaba «para ser notable con sus antiguos monumentos».
Voces a favor
Las decisiones de la Diputación y el arquitecto quintanareño recibirían, por el contrario, un apoyo firme y constante del periódico progresista El Nuevo Ateneo y de su director, el catedrático de Literatura del Instituto provincial Saturnino Milego Inglada (1850-1929), republicano moderado y socio de la Institución Libre de Enseñanza. Justificaba, por un lado, el proceder económico y administrativo de la institución provincial, ya sancionado por el Gobierno liberal, con datos que refutaban las acusaciones de arbitrariedad, falta de equidad y desatención a las necesidades de los pueblos lanzadas sin fundamento contra ella por El Duende . Por otro lado, refutaba la idea de que el arquitecto provincial pudiera poner su veto a un proyecto de obra pública, como si las autoridades y corporaciones administrativas o judiciales estuvieran obligadas a resolver según el criterio de sus funcionarios o de cualquier órgano consultivo.
En cuanto a la obra proyectada, precisaba que su coste, «incluso pintura, empapelado y calefacción», suponía exactamente 1.031.466 pesetas 54 céntimos. Se alcanzaban las 1.186.286 pesetas 52 céntimos indicadas para el «total del presupuesto de contrata» añadiendo el «15 por 100 de gastos imprevistos, andamiaje, dirección y administración facultativa, beneficio industrial, etc.», esto es, 154.819 pesetas 98 céntimos. Defendía su aprobación, pese a doblar casi la previsión inicial, como se encargó de poner de relieve Elías Gallegos, así como los aspectos técnicos del proyecto, recurriendo a la documentación presentada por los hermanos Agustín y Manuel Ortiz Villajos, falseada de manera interesada por el arquitecto provincial. Acudía, en fin, a la historia de la arquitectura para demostrar su acierto estético.
Conflicto resuelto
Elías Gallegos , por su parte, proclamó su oposición al proyecto mediante un manifiesto, dirigido «a la provincia de Toledo», que publicó en El Duende el 26 de noviembre, esto es, pocos días después del debate corporativo, con objeto de presionar a la Diputación para que se viera obligada a cambiar su fallo en atención a los intereses provinciales, por los que él decía velar. Además de repetir los argumentos ya recogidos por el periódico, acusaba a la corporación de incompetencia y de actuar, movida por intereses inconfesados, al dictado de «algún personaje oculto». Villajos emitió a su vez un comunicado, a instancias de Milego , en el que sugería que la Diputación considerase la oportunidad de hacer público el dictamen de su técnico facultativo y su propio contrainforme y hacía constar su aceptación del encargo que, sin pedirlo él, le había sido hecho, su sujeción a las indicaciones recibidas sobre las características del edificio y su decisión de evitar toda discusión. Pese a ello, su oponente le respondió con ataques personales y aludiendo, no por interés propio, a los pingües e incuestionables honorarios que obtendría el arquitecto que dirigiera la costosa obra. Junto con ello, presentó un recurso de alzada contestando la justeza de la decisión tomada, recurso que sería rechazado por el Gobernador.
La polémica periodística cesó poco después de constituida, a comienzos de enero de 1883, con los 24 vocales que a partir de entonces la compondrían, la corporación resultante de las elecciones provinciales de diciembre anterior, pero quedaba por resolver el conflicto planteado por el facultativo provincial. La Comisión provincial elegida, al igual que el nuevo presidente, Acisclo de Mora Mortero -abogado, fiscal municipal y futuro alcalde de Huerta de Valdecarábanos- por la mayoría liberal, decidió suspender de empleo y sueldo a Gallegos, dada la gravedad de las acusaciones vertidas en su manifiesto y por dignidad de la Diputación agraviada, en espera de que se pronunciase el plenario. Hasta entonces, asumiría sus funciones de manera interina quien era arquitecto municipal, el toledano Juan García Ramírez (1847-1934). Reunido el 3 de abril el pleno bajo la presidencia del Gobernador, Nicanor Fernández Gallardo , acordó, por 18 votos contra 5, no sólo aprobar lo dispuesto por la Comisión, sino destituirlo del cargo, que pasó a Ezequiel Martín (1850-1932), natural de Ventas con Peña Aguilera, titulado dos años antes. Elías Gallegos , pese a la sanción, sería elegido concejal en mayo de ese año dentro de las filas conservadoras y desarrollaría una relevante actividad en los círculos asociativos de la ciudad.
Arranque, parada y continuación de las obras
Meses después, los trabajos de cimentación del edificio, subastados en octubre por algo menos de 120.000 pesetas, dieron comienzo a las obras, para las que la Diputación decidió destinar un crédito de 450.000 pesetas en el presupuestó refundido para el año 1883 a 1884. Previamente se había procedido al derribo completo del antiguo presidio, incluyendo lo que había sido capilla del convento mercedario de Santa Catalina. Se dejó así exento el solar, quedando un espacio libre ajardinado entre los muros de lo que había sido portería conventual de Santo Domingo el Real y los del palacio. Lindaba por atrás el edificio con el paseo o bajada de la Granja y al costado izquierdo, con las ruinas del antiguo palacio de los Vargas. La fachada principal, en fin, se abría a una ampliada plazuela de la Merced, que adquirió la configuración actual.
La construcción quedó, sin embargo, paralizada cuando el Partido Conservador recuperó la presidencia del Gobierno, en enero de 1884, y fue nombrado Gobernador civil el abogado y propietario agrícola Luciano Miguel Aparicio , antiguo Diputado por Navahermosa. Las obras, en las que hasta ese momento sólo se habían gastado poco más de 62.000 pesetas, no serían reanudadas, pese a disponerse de fondos, ni siquiera al constituirse un nuevo Gobierno liberal en noviembre de 1885. Fueron sacados entonces a subasta los servicios de cantería, albañilería e hierros para la construcción del edificio por un total algo superior a 311.000 pesetas, pero las obras solamente fueron retomadas tras volver a ser designado Ministro de la Gobernación, en junio de 1888, Segismundo Moret (1838-1913), quien detentaba el cargo cuando comenzaron los trabajos de cimentación, y después de ser nombrado presidente de la corporación el jefe provincial de los liberales, el abogado toledano Manuel Nieto de Silva.
La previa y constatable falta de impulso administrativo trajo consigo que sólo entonces fueran presentados los planos de la planta sótano por Ortiz Villajos, quien en agosto de ese mismo año entregaría otro de la fachada principal, con ligeras modificaciones sobre el proyecto inicial, así como el presupuesto requerido para emprender las obras de construcción de la planta principal, que salieron a subasta el 7 de noviembre por cerca de 419.000 pesetas. Se preveía que dieran principio a comienzos del año siguiente, en cuanto llegaran a su término las de albañilería y cantería contratadas tres años antes y aún no culminadas. Los hechos iban pronto a echar por tierra las expectativas.
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