CASTILLA-LA MANCHA
Visto bueno para la Ley del Tercer Sector, que beneficiará a 400.000 personas
Entre sus novedades, incluye un inventario de entidades, una serie de principios y obligaciones, el concierto social y el desarrollo de una estrategia
«Respaldar la Ley del Tercer Sector de Castilla-La Mancha es conseguir más estabilidad y progreso». Con esta frase se comprometió el presidente Emiliano García-Page a aprobar esta normativa que ayudará a las personas más vulnerables y que este martes ha recibido el visto bueno del Consejo de Gobierno para su tramitación final en las Cortes regionales.
De ello ha dado cuenta, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, quien espera que todos los grupos políticos con representación en el Parlamento autonómico apoyen esta normativa «necesaria e importante» que definirá y ordenará, por primera vez, el tercer sector social en Castilla-La Mancha.
En concreto, según ha explicado Sánchez, se trata de una «ley sencilla y muy concreta», compuesta por 13 artículos, se estructura en 4 capítulos, contiene 5 disposiciones adicionales y 3 disposiciones finales. Una normativa que beneficiará a 5.154 entidades inscritas dentro del tercer sector social, de las cuales 3.425 están activas, que atienden a unas 400.000 personas de forma directa y han creado 6.338 empleos directos.
Entre sus novedades, la consejera ha destacado un inventario único y público de organizaciones del tercer sector para mejorar su relación con la Administración regional; una serie de principios rectores, dentro de los cuales está la cooperación, la justicia, la corresponsabilidad o la transversalidad y, por otro lado, la obligación de una gestión democrática y responsable de su acción. Además, contempla el desarrollo de una estrategia del tercer sector, que incluya el voluntariado, la colaboración entre entidades y la rendición de cuentas y, por último, el concierto social como fórmula avanzada de prestación de los servicios públicos.
Este anteproyecto de ley ya llegó el pasado mes de mayo al Consejo de Gobierno, que la tomó en consideración y, tras pasar por los informes favorables del Consejo Consultivo y otros organismos, ahora llegará a las Cortes para su aprobación final. Sin embargo, ha recordado Sánchez, el proceso «riguroso, transparente y participativo» para que esto sea una realidad se inició en 2016, cuando la Administración regional, junto con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha, coincidieron en la necesidad de regular el tercer sector.
Ya en mayo de ese mismo año comenzaron los trabajos para sacar adelante el anteproyecto de ley, para lo cual se contó con la colaboración de otras organizaciones involucradas con el tercer sector como Cruz Roja, la ONCE o el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad). Y en 2017 se realizó un diagnóstico con una encuesta en la que participaron 235 entidades sociales y se creó una comisión mixta en la que estaban representados la Mesa del Tercer Sector, los empleados públicos y los expertos en la materia.
La consejera ha explicado que este anteproyecto de ley tiene cuatro objetivos. En primer lugar, busca definir el tercer sector social en Castilla-La Mancha, identificar a las entidades que lo integran y determinar las medidas que fomentan y fortalecen a estas asociaciones acorde a los fines para los que se han creado.
En concreto, según ha especificado Sánchez, «el tercer sector social se define como un conjunto de entidades de carácter privado surgidas de la iniciativa ciudadana respondiendo a criterios de solidaridad y participación con fines de interés general y sin ánimo de lucro. Además, impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos civiles, económicos, sociales y culturales, especialmente para personas o grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social».
El segundo objetivo de este anteproyecto de ley es impulsar la cooperación y colaboración de estas entidades entre sí y con la Administración regional para que ésta sea «más abierta y participativa». Todo ello referido a todas las áreas en las que en estos momentos se está trabajando, como servicios sociales, dependencia, atención sociosanitaria, educativa, laboral, desarrollo rural o cooperación internacional.
En tercer lugar, esta norma pretende crear una comisión para el diálogo civil, en la que estaría representada la Administración regional y el tercer sector social para coordinar las acciones referidas a los derechos sociales que hay que impulsar en Castilla-La Mancha. Como novedad, ha apuntado la consejera, este órgano representativo sería paritario, es decir, con el mismo número de hombres que de mujeres.
Y, por último y en cuarto lugar, esta normativa contempla una estrategia de promoción del tercer sector social, que tendría una vigencia de cuatro años, garantizando la participación de todas las entidades que vienen desarrollando su trabajo en Castilla-La Mancha. También apuesta por el desarrollo de nuevas fórmulas de concertación social para una posterior aprobación de un decreto autonómico en esta materia.
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