Primer paso para el anteproyecto de ley del tercer sector social de Castilla-La Mancha
Según la consejera Aurelia Sánchez, es «necesario e importante» porque en la comunidad autónoma no hay ninguna normativa sobre esta materia
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado en consideración esta semana el anteproyecto de ley del tercer sector social. Así lo ha anunciado este martes la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez , quien ha asegurado que esta medida es «necesaria e importante» porque en la comunidad autónoma no hay ninguna normativa hasta ahora referida a la ordenación de este ámbito.
La consejera ha explicado que este anteproyecto de ley, que ahora está en manos del Consejo Consultivo para una futura tramitación en las Cortes regionales, tiene cuatro objetivos. En primer lugar, busca definir el tercer sector social en Castilla-La Mancha, identificar a las entidades que lo integran y determinar las medidas que fomentan y fortalecen a estas asociaciones acorde a los fines para los que se han creado.
En concreto, según ha especificado Sánchez, «el tercer sector social se define como un conjunto de entidades de carácter privada surgidas de la iniciativa ciudadana respondiendo a criterios de solidaridad y participación con fines de interés general y sin ánimo de lucro. Además, impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los derechos civiles, económicos, sociales y culturales, especialmente para personas o grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social».
Esta norma establece que la Consejería de Bienestar Social tiene que crear un inventario de todas las entidades que se pueden incluir dentro del tercer sector social de Castilla-La Mancha. Así, según un estudio realizado en noviembre de 2018 por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), en la región existen entre 3.500 y 5.000 asociaciones de este tipo, atienden a más de 385.000 personas, hay unos 6.000 profesionales contratados y un 81% de ellas cuentan con personal voluntariado.
El segundo objetivo de este anteproyecto de ley es impulsar la cooperación y colaboración de estas entidades entre sí y con la Administración regional para que ésta sea «más abierta y participativa». Todo ello referido a todas las áreas en las que en estos momentos se está trabajando, como servicios sociales, dependencia, atención sociosanitaria, educativa, laboral, desarrollo rural o cooperación internacional.
En tercer lugar, esta norma pretende crear una comisión para el diálogo civil, en la que estaría representada la Administración regional y el tercer sector social para coordinar las acciones referidas a los derechos sociales que hay que impulsar en Castilla-La Mancha. Como novedad, ha apuntado la consejera, este órgano representativo sería paritario, es decir, con el mismo número de hombres que de mujeres.
Y, por último y en cuarto lugar, esta normativa contempla una estrategia de promoción del tercer sector social, que tendría una vigencia de cuatro años, garantizando la participación de todas las entidades que vienen desarrollando su trabajo en Castilla-La Mancha. También apuesta por el desarrollo de nuevas fórmulas de concertación social para una posterior aprobación de un decreto autonómico en esta materia.
Aprovechando su rueda de prensa sobre el Consejo de Gobierno, la consejera de Bienestar Social también ha querido hacer una valoración de los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) referidos a abril de 2019. Así, ha informado de que han sido 59.136 las personas atendidas en Castilla-La Mancha por el sistema de dependencia, que han recibido 71.229 prestaciones .
Por lo tanto, ha destacado Aurelia Sánchez, hay un 70% más beneficiarios que los 34.688 que había en julio de 2015, así como un 51% más de prestaciones (24.069 más). Las prestaciones que más se han incrementado son la teleasistencia (el 142% más), la ayuda a domicilio (131% más) y las prestaciones vinculas al servicio (173% más).
El perfil de usuario del sistema de dependencia, ha explicado la consejera, es el de una mujer mayor de 80 años. Sánchez ha subrayado que Castilla-La Mancha ocupa el primer puesto en cuanto a reducción del número de personas pendientes de atender, al pasar del 56% de atendidos en 2015 al 90% actual. Y ha pasado del penúltimo lugar al tercero en índice de cobertura y de tener una nota de suspenso a un notable alto.
Por otro lado, ha señalado que el número de personas que han solicitado la adscripción al convenio especial de cuidadores no profesionales, que ahora conlleva la gratuidad de las cuotas a la Seguridad Social, se ha duplicado en abril en Castilla-La Mancha al pasar de 343 a 663. La consejera ha dado cuenta de esta novedad del sistema de dependencia, con la entrada en vigor el 1 abril de este convenio aprobado por el Gobierno de España, y de los datos correspondientes al mes de abril publicados por el Imserso.
A este convenio especial para cuidadores no profesionales pueden adscribirse todas las personas que estén recibiendo la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y podrán beneficiarse de la gratuidad de las cuotas a la Seguridad Social por parte del Gobierno de España, ha explicado Sánchez.
En un mes se ha duplicado el número personas que han solicitado la adscripción a este convenio que supone, según la consejera, un «paso fundamental para las personas que sacrifican su tiempo, su vida, para poder atender a sus familiares dependientes en su hogar y ahora tienen derecho a estar dados de alta en la Seguridad Social con una bonificación de la cuota para que así puedan cotizar».
En la región, más de 13.000 personas cobran la prestación económica por cuidados de un familiar en el entorno familiar y, por tanto, en principio son personas potenciales para percibir bonificaciones. La consejera ha indicado que están manteniendo reuniones semanales con la Tesorería General de la Seguridad Social para dar agilidad a esta medida.
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