Toledo

Docentes denuncian su despido durante el verano, que afecta a cerca de 900 personas

CCOO ha asegurado que los afectados tienen la oposición aprobada, por lo que reclama a la Junta que se reviertan estos despidos

Algunos de los asistentes a la concentración en Guadalajara ABC

ABC

Sindicalistas de CCOO-Enseñanza y trabajadores afectados por el despido de personal de centros de enseñanza públicos se han concentrado este miércoles ante las cinco delegaciones provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para denunciar la «precariedad» que sufre el personal laboral, «mayoritariamente contratado a tiempo parcial y solo durante diez meses al año».

Según ha informado CCOO en nota de prensa, este jueves, 30 de junio, la Consejería de Educación enviará al paro a cerca de 900 personas , concretamente auxiliares técnicos educativos, intérpretes de lengua de signos y personal de cocina de centros de enseñanza públicos, «que son los únicos colectivos laborales de la Junta que, con sus oposiciones aprobadas, mantienen contratos a tiempo parcial y sólo de diez meses al año».

«Estos trabajadores y estas trabajadoras han superado un proceso selectivo, han aprobado una oposición, pero sus contratos son de diez meses. En los meses de julio y agosto se van a ir al paro. Lo que exigimos para ellos y ellas son contrataciones a jornada completa y los doce meses del año», ha señalado en la concentración de Toledo el secretario general de CCOO-Enseñanza en la provincia, Bernardino Mendoza.

CCOO-Enseñanza lleva años denunciando esta situación. Tras el paréntesis forzado por la pandemia, que durante los dos cursos previos centró toda la atención y preocupación de la comunidad educativa, el sindicato retomó esta reivindicación una vez se recuperó la presencialidad segura y las autoridades sanitarias autorizaron en enero de este año la vuelta a las aulas con normalidad.

El sindicato reactivó la campaña contra la precariedad laboral que sufren estos los profesionales y el pasado 2 de marzo registró ante la consejería más de 5.000 firmas de la comunidad educativa de la región para pedir la contratación a jornada completa y durante los 12 meses del año del personal laboral de Enseñanza sometido a precariedad en su contratación.

Proposición de ley

Por su parte, Podemos Castilla-La Mancha ha registrado este miércoles una Proposición no de Ley en las Cortes regionales para mejorar las condiciones del personal educativo de la región y revertir los recortes que el Partido Popular llevó a cabo en este ámbito y que el Gobierno autonómico no ha revertido después de ocho años.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios, el coordinador autonómico de Podemos, José Luis García Gascón, que ha presentado esta iniciativa parlamentaria con el apoyo de CCOO, UGT, STAS-STE y la Plataforma ATES Castilla-La Mancha, a quienes ha agradecido su apoyo para trabajar por la unidad y mejorar Castilla-La Mancha.

Manifestación a las puertas de la Delegación de Educación en Toledo ABC

Sobre la Proposición no de Ley, ha detallado que con ella se pide recuperar «la dignidad laboral de los trabajadores de la educación pública de Castilla-La Mancha», en concreto de maestros, profesores, auxiliares técnicos de educación y el resto de personal educativo, a fin de tener una «educación pública, gratuita, fuerte, que nos permita avanzar como región».

La iniciativa, ha precisado, busca que se lleven a cabo estas mejoras «urgentemente» y que Castilla-La Mancha se sitúe «al nivel de la mayoría de las comunidades autónomas del país que han revertido los recortes y recuperado la dignidad del personal laboral de educación pública».

Algunas de estas reclamaciones son la rebaja de las horas lectivas, como antes de los recortes de 2012 y como ya están otra vez en el resto de comunidades autónomas en 18 horas para enseñanzas medias y 23 para Infantil y Primaria o la contratación de personas interinas y ATES como fijas indefinidas, acabando con los despidos masivos en verano.

También se busca que se mantenga e integre a las 1.500 educadoras contratadas como consecuencia de la Covid-19, «para mejorar las ratios profesor/alumno, mejorando la calidad educativa» y que se «reviertan las privatizaciones» de comedores, residencias universitarias, limpieza y ordenanza.

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