Los sindicatos se encierran en la oficina de Correos en Albacete para protestar por el «desguace» del servicio
CCOO y UGT han planteado una huelga general para los días 1, 2 y 3 de junio
Este miércoles se han encerrado en la oficina principal de Correos en la provincia de Albacete, situada en la calle Dionisio Guardiola, número 24, representantes de los sindicatos de CCOO y UGT para protestar «por la reconversión y el desguace» del servicio postal público.
«El deterioro del servicio postal público es cada vez más evidente en nuestra provincia a consecuencia de la política de desmantelamiento del servicio público postal y de Correos, el hundimiento de su actividad, y la precarización del empleo y de las condiciones de trabajo», lamentan. La tasa de empleo parcial en Albacete es del 22 por ciento, muy similar a la del resto del Estado.
«Esta política de desguace intencionado de la mayor empresa pública de este país por parte de su presidente ha tenido como consecuencia directa la implantación de un modelo de empleo basura, con altas tasas de precariedad laboral en la plantilla de la mayor empresa pública del país, con más de 10.000 puestos a tiempo parcial, lo que supone más del 20 por ciento del total de la plantilla », explican.
Asimismo, consideran que el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y el Gobierno «han demostrado muy poco interés por el diálogo social, el consenso y la participación de los representantes de los trabajadores, desoyendo a la mayoría sindical, que representa al 76 por ciento de la plantilla, que exige una negociación real y efectiva sobre el modelo postal público, su financiación y viabilidad, provocando la ruptura unilateral del diálogo social y la imposición de medidas laborales que han aumentado la conflictividad y la judicialización de las relaciones laborales en Correos».
Las protestas se enmarcan en las movilizaciones que los sindicatos CCOO y UGT están llevando a cabo bajo el lema 'Salvemos Correos' . Ambos han planteado una huelga general los próximos días 1, 2 y 3 de junio. Con estas medidas de presión, pretenden que el Gobierno se replantee el futuro de Correos desde un modelo de servicio público de calidad para la ciudadanía.
