Ocho pueblos se suman al servicio de recogida de residuos de la Diputación de Guadalajara y ya son 67
El pleno también aprueba hacerse cargo del cobro de tributos de Riba de Saelices y La Loma
A partir del 1 de enero, los municipios de Budia, Chillarón del Rey, Irueste, El Olivar, San Andrés del Rey, Yélamos de Abajo, Yélamos de Arriba y la pedanía de Romancos se beneficiarán del servicio de recogida y transporte de residuos de la Diputación de Guadalajara . Así lo aprobó el pleno por unanimidad. De esta forma, ya son 67 los pueblos de la provincia adheridos al contrato entre la Diputación y la empresa Onet Iberia Soluciones.
El contrato, que finaliza el 29 de septiembre de 2022, cubre la recogida de residuos y su transporte hasta la planta correspondiente de los residuos urbanos y asimilables a la fracción resto, fracción envases ligeros y fracción papel-cartón, así como la instalación, limpieza, mantenimiento, conservación, reposición y renovación de contenedores.
Por otro lado, la Diputación también aprobó que el servicio provincial de recaudación se haga cargo del cobro de tributos del ayuntamiento de Riba de Saelices y la pedanía de La Loma. En el caso de Riba de Saelices, la Diputación se encargará de la gestión, liquidación y recaudación del IBI urbano y rústico, así como de la recaudación de las demás tasas y precios públicos. Mientras, La Loma delega en la Diputación la recaudación de la tasa de agua potable.
Asimismo, el pleno dio el visto bueno a una subvención de 300.000 euros a Sigüenza para hacer inversiones en tres instalaciones municipales: el Complejo Deportivo La Salceda, la Casa de la Cultura y el Ayuntamiento.
Por último, el pleno rechazó una moción de Unidas Podemos-Izquierda Unida, que pedía que el polideportivo San José de Guadalajara se abriera de nuevo como centro de vacunación para niños, mayores de 50 años y el resto de la población que aún no esté inmunizada debido al aumento de contagios y a la saturación de los centros de salud de la provincia. La moción fue rechazada por la mayoría socialista debido a que no se incluyó una enmienda en la que se dejaba claro que las decisiones sobre la utilización de instalaciones en la lucha contra la pandemia deben adoptarse a instancias de las autoridades sanitarias.
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